Los cálculos sobre el número de asistentes a la manifestación de la Diada no engañan. Pueden ser más abultados o más reducidos, pero en todos los casos revelan un bajón en el apoyo popular que la convocatoria exclusivamente independentista ha tenido en esta 2017 respecto a sus fechas clave en años anteriores. Ni por asomo llegaron los manifestantes de ayer a los casi dos millones escrutados por la policía municipal de Barcelona, y también se quedaron lejos del millón y medio que lograron reunir según la misma fuente en la iniciática marcha de 2012, la que comenzó con esta oleada separatista.
Un paréntesis en la valoración de lo ocurrido este 11 de septiembre nos hace evaluar el argumento independentista sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que 'mutiló' el Estatut en 2010. Si así hubiera sido, nadie se explica los dos años que transcurrieron desde que el Alto Tribunal dicta su sentencia anulando los preceptos inconstitucionales y aquella Diada de 2012. Si los convocantes reaccionaban a una decisión tan históricamente inaceptable, tan crucial para el nacimiento y desarrollo de un nuevo país con su Estado, no se entiende bien que pasara un tiempo tan precioso perdido en ese empeño.
Si los cálculos de un millón de asistentes de la Guardia Urbana son exactos, similares a los de El Economista, que habla de 800.000 personas, la noticia ayer fue la ausencia del 85% de los ciudadanos de Cataluña en la protesta cívica y pacífica previa a un referéndum ilegal como el del 1 de octubre.
Por supuesto no podemos concluir que los seis millones largos de catalanes que ayer no asistieron a la manifestación rechacen la causa independentista. Muchos de ellos, familias enteras, apostarán por votar fiándose de todos aquellos que les han asegurado desde hace varios años que la democracia de depositar un voto en una urna está por encima de cualquier ley. Argumento por el cual un referéndum sobre la conveniencia de robar o maltratar estaría por encima de la ley que los castiga.
Pero hay otros cientos de miles que no apoyan lo que están llevando a cabo los dirigentes secesionistas. Son catalanes que sienten y viven su región, que aman España y sufren las miradas y el desprecio de una poco tolerante avanzadilla que ha decidido romper unilateralmente el acuerdo de convivencia y progreso que los españoles sancionaron en 1978 a través del proceso constituyente, aquél sí, legal, legítimo y digno de elogio. Muchos de ellos se preguntan por qué no se ha convocado ya en la capital una masiva manifestación, similar en objetivos loables a la del 23-F en la que el pueblo se unión frente al golpe. Millones de españoles podrían canalizar en esa convocatoria sus voces hoy silenciadas por el ruido de los separatistas.
La vía callejera se abre paso en lo que resta de tiempo hasta el primer día de octubre. Los jueces no van a pensar dos veces cual es su obligación, las fuerzas de seguridad conocen su responsabilidad, y lo que no puede ser no ocurrirá. Por eso se canalizan desde la semana pasada los llamamientos a tomar la calle como recurso de protesta frente al peso del Estado de Derecho.
Entidades
