Hace unos meses estuve reunida con un diputado de Podemos para hablar de fiscalidad. Me habló de su preocupación por las externalidades negativas de las empresas y mencionó al economista austriaco, Christian Felber, el ideólogo de la llamada Economía del Bien Común, como una de sus referencias. Deduzco que ha sido la misma referencia para el equipo de Ada Colau en su decisión de crear la llamada tasa por un día para ciertos turistas de Barcelona.
Nos detenemos brevemente en los detalles de la medida: se aplicaría a unos 13 millones de excursionistas que visitan Barcelona cada año y que no pernoctan en la ciudad (un 40% de los 30 millones de turistas totales). Se aplicaría a través de los turoperadores que organizan las visitas y excursiones y entraría en vigor en 2018. A pesar del ruido mediático que ha generado desde que se anunció a principios de julio, no hay por el momento detalles más concretos sobre los importes, cómo se va a estructurar la aplicación y qué recaudación se prevé que generará.
Esta medida pone de manifiesto una vez más la necesidad de equilibrar los intereses de la industria del turismo y sus turistas con los de las ciudades y sus residentes. Las empresas de todos los subsectores -turoperadores, cadenas de restauración, cruceros y agencias de viaje- se muestran en contra de la tasa, que consideran poco equitativa, discriminatoria y poco efectiva. En palabras de Martí Sarrate, el presidente de la patronal de agencias de viaje: "es un sin sentido, totalmente impositivo y para nada es una medida disuasoria". Los políticos, sin embargo, parecen que cierran filas en torno a la medida con independencia de la formación. Llama la atención que la idea es original de la concejal demócrata Sònia Recasens (la que fue portavoz adjunta de Xavier Trias), y refleja una postura meridianamente opuesta a la de su grupo en la legislatura anterior. Sorprende que una histórica de CiU, el partido que tradicionalmente ha defendido más al tejido empresarial, repita las mismas expresiones que representantes de Podemos y Barcelona en Común: "defiendo la medida para compensar externalidades negativas del turismo".
No hay duda de que la masificación del turismo en las urbes más icónicas es consecuencia de la revolución tecnológica de la que se está beneficiando toda la industria turística. Pero llevamos no tantos años padeciendo las consecuencias de dicha masificación y tanto expertos como reguladores están barajando qué políticas públicas pueden ser verdaderamente efectivas. Mientras, políticos de un bando y otro improvisan iniciativas con una mezcla de motivaciones, en muchos casos oportunistas, y sin un análisis detallado del impacto real y efectivo para abordar la problemática real desde todos los ángulos.
Pero más allá del turismo, lo que viene a demandar la clase política (por la gran presión social) es un cambio de paradigma en las empresas. La economía del bien común, que acuñó Felber, exige a las empresas que no se rijan únicamente por sus resultados económicos, sino que incorporen criterios de utilidad social. Pero Felber, que ha sido acusado de neocomunista, no está solo. En mayo vino a Madrid el Nobel de Economía Jean Tirole, para abrir un debate en la Fundación Rafael del Pino (una de las fundaciones más liberales de nuestro país) bajo el título Economía del Bien Común junto al jurista Manuel Conthe, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y miembro del también liberal partido político Ciudadanos.
En España, esta demanda social y política es especialmente evidente en el sector turístico, por ser uno de los más importantes de nuestra economía. Ante esta realidad que se impone, a las empresas no les queda otro remedio que actuar. Actuar para establecer estructuras estables de participación con el conjunto de la sociedad civil y de la clase política, que les permita desarrollar sus objetivos económicos con conciencia social y medioambiental.
Entidades
