Se percibe cierta confusión en torno al objeto judicial de la declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Gürtel y ello augura otra injusta decepción popular con la Justicia -con sus consiguientes acusaciones de actuar al servicio de los ricos y los poderosos-. Para evitarlo, conviene rebajar las expectativas y aclarar lo que este miércoles ha ocurrido en la Audiencia Nacional. También lo que no iba a suceder de ninguna manera.
Los focos del show mediático que se ha montado a su alrededor pueden inducir a confusión, pero lo cierto es que la incidencia judicial de la declaración es reducida. Imaginar que, en un giro inesperado de los acontecimientos, el presidente del Gobierno iba a salir del tribunal implicado en la trama, como le sucede al veterano Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, que confiesa atrapado por la presión del joven letrado Tom Cruise, puede ser muy atractivo, pero es ciencia ficción.
Rajoy ha declarado en calidad de testigo y lo ha hecho en la fase de juicio oral. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar que, con la instrucción ya concluida, no cabe incluir nuevos acusados en la causa. Nada de lo que haya dicho Rajoy puede hacer que el tribunal cambie su estatus procesal y decida sentarlo en el banquillo de los acusados.
En el hipotético caso que Rajoy hubiese confesado alguna actuación irregular, debería abrirse contra él una nueva causa, con su correspondiente fase de instrucción. Pero esta circunstancia resulta impensable en la medida en que, el acudir como testigo, impide que las preguntas que se le dirigiesen fuesen destinadas a sembrar sospechas contra él. Tampoco hubiese podido emplearse su interrogatorio como una examen político a su gestión de la corrupción como dirigente del PP.
Sin negar un ápice de la trascendencia política que puede tener el ver al presidente del Gobierno teniendo que acudir a un tribunal para relatar qué sabía sobre la corrupción en el seno de su partido, en el plano jurídico Rajoy solo acudía a contar qué sabía de los hechos que se enjuician. Nada más. La rendición de cuentas política debe desarrollarse en otros escenarios.
La inocencia o culpabilidad de Rajoy no está en cuestión en el marco de este procedimiento judicial y el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, no podía permitir -o no debía permitir- que el interrogatorio se emplease con fines políticos. En el caso de que alguno de los letrados se excediese y se deslizase por esta senda, interpretar la intervención del magistrado declarando impertinente la pregunta como una defensa política o judicial de Rajoy, solo puede atribuirse al desconocimiento o a la voluntad de confundir.
En relación a la declaración como testigo del presidente del Gobierno cabe exigirle -y así lo hace la ley- que dijese la verdad y que contribuyese, sin reservas ni cálculos interesados que busquen proteger su imagen o la del PP, a esclarecer los hechos. Pero, salvo que se acreditara que ha mentido -una circunstancia que se da en poquísimas ocasiones en los procesos-, la valoración sobre su testimonio excede la esfera judicial y recae ya en el plano político.
Presiones a la Justicia
No hay muchos magistrados que este miércoles envidien a Hurtado. La presión a la que se le ha sometido es enorme y difícilmente se salvará de tener que escuchar o leer críticas y acusaciones.
Por un lado, si hubiese permitido que la acusación popular realizase un interrogatorio muy político, se le atribuiría el haber permitido que el juicio se convierta en un circo. Por el contrario, si hubiese cortada al letrado que se propase, como sucedió, se dirá que ha salido en defensa del presidente del Gobierno y se pondrá en tela de juicio su imparcialidad.
La presión de la opinión pública y los partidos no es el mejor contexto para el desarrollo de un proceso judicial. Recientemente, Miquel Roca reflexionaba que, a día de hoy, lo que más interfiere en la independencia judicial "es tener que resistir la presión mediática que le dice al magistrado cómo tiene que dictar sus sentencias".
No parece demasiado osado augurar que hoy, desde un lado u otro, viviremos un nuevo episodio de críticas y acusaciones a los jueces. Al menos, confiemos en que sean opiniones fundadas y no basadas en falsas expectativas de una actuación justiciera y populista del tribunal.
