El Gobierno comienza a pagar el peaje de su pacto con Ciudadanos. Hace unas semanas, el presidente Rajoy anunciaba una rebajas de impuestos, una vez que España haya salido del procedimiento de déficit excesivo. Rivera reaccionó de inmediato. No iba a permitir al PP apuntarse el tanto de la rebaja fiscal. Al fin y al cabo, si Rajoy logra salvar la legislatura es gracias a la formación naranja.
Con la vuelta a escena de Pedro Sánchez y la moción de censura de Pablo Iglesias, las posibilidades de supervivencia de Rajoy sin el báculo de Ciudadanos es exigua. Rivera condicionó su aceptación del techo de gasto a un recorte de los tributos para los menos favorecidos, las rentas por debajo de 14.000 euros.
Montoro no tuvo más remedio que dar su brazo a torcer. En el PNV no estaban dispuestos a volverse a quedar solos en su respaldo al Gobierno, como ocurrió durante la primera votación de la reforma sobre la estiba. En el País Vasco, como en Cataluña, el PP es visto como un partido antinacionalista y de la ultraderecha, que provoca un gran rechazo entre sus electores. Estos solo están dispuesto a tolerar su apoyo a cambio de concesiones económicas.
Superada la reválida del techo de gasto, ahora queda la presentación y aprobación del Presupuesto a partir de septiembre y no va a salir gratis. Rivera se cobró su primera pieza y ahora exige que la medida sea el primer paso para una rebaja generalizada en 2019, en vísperas de las elecciones.
En el PNV están pendientes de que los llame para volver a sentarse a negociar. Entre las peticiones que barajan, está una mayor autonomía en la gestión de los tributos. Las diputaciones vascas recaudan IRPF y Sociedades y quieren lograr también el control sobre el IVA. Es el tributo estrella. Se anota incrementos próximos al diez por ciento en lo que va de año, gracias al tirón del consumo.
Que quede bien claro que no se trata de la cesión de un porcentaje del IVA. La experiencia demuestra que la autonomía sale favorecida cuando recauda y luego echa cuentas con el Estado, como ya ocurre con Sociedades e IRPF en el País Vasco.
Tanto es así, que Oriol Junqueras, que se barrunta como próximo presidente de la Generalitat, ha lanzado un pequeño órdago al Estado. La única manera de desactivar el referéndum es mediante un acuerdo para crear un cupo como el de los vascos. Es decir, la Generalitat se encargaría de cobrar los impuestos y luego negociar el reparto con Madrid y no al revés, como ahora. Ello permitiría tener una Agencia Tributaria Catalana con todas las bendiciones legales.
¿Y qué piensa el Gobierno? Ni está en ello ni se le espera. Apenas tiene margen de maniobra, después de las últimas promesas. En 2018, la subida del techo de gasto en 1.500 millones, el incremento de la recaudación en torno al 5 por cientoy la mejora del déficit de la Seguridad Social en una décima, le dejan un colchón de unos 3.000 millones sobre el papel, descontados los 9.000 millones adicionales que deberá recortar para cumplir con el objetivo de déficit del 2,2 por ciento. Suficiente para atender la petición de Albert Rivera y la que planteen los canarios (la del PNV no tiene un coste económico a corto plazo), pero poco más.
Montoro, siempre a las órdenes Rajoy, se sacó en el último minuto de la chistera una ampliación del déficit autonómico en mil millones (del 0,3 al 0,4 por ciento) para tender la mano a Sánchez. El líder socialista sufre fuertes presiones de sus barones autonómicos, que ven cómo se aproximan los comicios de 2019, con las arcas vacías para ilusionar a sus electores.
Entretanto, la consigna es dejar fluir el tiempo (tempus fugit, advertía el poeta Virgilio desde la época romana) y que los ministros no se desgasten en proyectos inútiles ó polémicos. Sobre todo, hasta que se complete el rompecabezas presupuestario para 2018. Hay que aprovechar el viento a favor que deja la recuperación en términos de creación de empleo y saneamiento de las cuentas públicas hasta que se agote.
El ministro de Hacienda anunció este viernes la mayor oferta público de empleo de la última década. Una manera de reconciliarse con los funcionarios, un colectivo de tres millones de votantes a los que ya levantó la congelación del sueldo.
Montoro prometió, además, en línea con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una subida de los salarios públicos en línea con el crecimiento, del 2,5 por ciento para el próximo año. La tómbola electoral se pone en marcha.
El Gobierno predica con la estabilidad ante sus socios europeos y los inversores extranjeros. Pero es consciente de su fragilidad y de que es prácticamente imposible que la legislatura vaya más allá de 2019.
PD.-Dicen que quien siembra vientos recoge tempestades. Ese parece el destino de Montoro desde que un juez abrió una investigación sobre las prácticas de Equipo Económica, una consultoría que fundó, junto a la mayoría de sus colaboradores en la etapa de ministro de Hacienda con Aznar.
Hacienda blandió, al parecer, informes de Equipo Económico hechos para Abengoa a fin de suavizar la legislación para las fotovoltaicas. Pero de ahí a concluir que el ministro actuó movido por un interés espúreo va un largo trecho. Sobre todo, cuando las informaciones son lanzadas por periodistas que ha sido víctimas de sus investigaciones fiscales y están sin probar.
Hasta donde conozco y en mi experiencia con Montoro creo que se trata de un ministro honrado, que lleva una vida sencilla, y se enfrenta a grandes empresas y poderosos lobbies, que pueden estar intentando pasarle factura.
Más me preocupa Cristina Cifuentes. La auditoría de KPMG sobre Emissao, la filial brasileña del canal, muestra unas cuentas saneadas y que difícilmente justifican el sobreprecio que la empresa pública denunció a instancias de su presidenta.
Otro asunto distinto, es si Ignacio González y sus compinches desviaron dinero a su patrimonio. Lo peor es que Cifuentes se desdice de su intención de privatizar el Canal y lo blinda como empresa pública para siempre. Antes ya prometió revertir la gestión público-privada de varios hospitales madrileños.
Es extraño, que una política liberal, que defiende la eficiencia de la gestión, actúe de manera tan contradictoria, el estilo de Podemos. Si no es populista, tiene graves problemas de comunicación.
Entidades
