En España, la burbuja de la Administración es la madre de todas las burbujas. De hecho, de la insostenibilidad económica de nuestra elefantiásica Administración se deriva la burbuja de la deuda pública.
Tan es así, que los aproximadamente 3 millones de empleados públicos que actualmente trabajan en los tres niveles de nuestra Administración cobran sus sueldos gracias a la política expansiva del BCE, que en algún momento dejará de expandirse.
La realidad paralela que vive España
Porque, sin la ayuda artificial del BCE, el coste de nuestro macro Estado, en forma de intereses de deuda pública, equivale a un suicidio económico.
A pesar de ello, el Gobierno emitirá la oferta de empleo público más ambiciosa de nuestra pseudo democracia, condenando todavía más a España a un sobreendeudamiento que heredarán las generaciones venideras.
Pero detrás de este nuevo ataque contra la economía productiva, se esconde una nueva estrategia político clientelar del Gobierno. El ejecutivo de Mariano Rajoy persigue con ello ampliar la cartera de potenciales clientes o futuros votantes. Tanto en cuanto, los nuevos contratados públicos integrarán un colectivo de 250.000 personas aproximadamente.
¿Moción de censura o elecciones anticipadas?
Máxime, considerando que es probable que Podemos, PSOE y determinados partidos separatistas puedan promover una moción de censura, con posibilidades de prosperar, el próximo mes de octubre. La citada moción se podría plantear coincidiendo con la celebración del referéndum secesionista en Cataluña. En este caso, el Gobierno podría adelantarse a tal moción convocando unas nuevas elecciones generales de manera anticipada.
Sea como fuere, en lugar de reestructurar, agilizar y adelgazar la Administración, el Gobierno la masificará más todavía a través de la entrada de nuevos empleados públicos.
Todo ello, sin solucionar previamente ninguno de los numerosos problemas que actualmente tienen, a nivel económico laboral, nuestras distintas administraciones públicas:
1. Macro desfase salarial
Las posiciones laborales mejor remuneradas están ocupadas por los políticos y sus asesores. Tanto en la Administración como en el sector público empresarial. Este creciente desfase salarial ha provocado que la media salarial en la Administración sea superior a la del sector privado.
2. Funcionarios laboralmente arrinconados
Si bien, los funcionarios intentan desarrollar el trabajo para el que han sido asignados, en la mayoría de las ocasiones no se les tiene en cuenta en la toma de decisiones.
Puesto que, las decisiones son tomadas por los políticos y sus asesores de confianza, muchas veces sin valorar los preceptivos informes de los funcionarios, que son los que poseen los conocimientos sobre los procedimientos administrativos.
Esta súper politización de la Administración ha provocado que los funcionarios sean identificados en la actualidad como un colectivo de segundo nivel, siendo asumidas muchas de sus funciones por los políticos y sus asesores.
3. Desequilibrio organizacional
Del mismo modo, otro hándicap relevante y propio de nuestra Administración es el desequilibrio que padece su estructura organizacional.
Tanto en cuanto, hace falta más personal sanitario en los hospitales públicos, necesitamos más policías
en las ciudades, el medio rural está desprotegido al no disponer de los suficientes guardias civiles, etc.
Y, de modo paralelo, sobran cientos de miles de políticos, asesores y empleados públicos enchufados por los partidos políticos.
El resultado de todo ello no es otro que la politización, ineficiencia y precarización que sufre nuestra Administración Pública en la actualidad.
Sin embargo, el consenso socialdemócrata adoptado por el actual tetrapartidismo (que no es otra cosa que la conversión de las administraciones en el refugio laboral de la casta política y sindical) impedirá cualquier reforma conducente a adaptar a nuestra Administración a las necesidades de España.
El sector público se ha comido al privado
El entorno del mercado laboral en el sector privado es todavía más complicado, debido a la incertidumbre. Es decir, la posibilidad que tiene un empleado de cualquier empresa de ser despedido en un momento determinado. Sobre todo, en sectores como el financiero, en el que se seguirá despidiendo a trabajadores hasta que finalice la digitalización bancaria.
Además, un porcentaje elevado y relativo a las nuevas contrataciones está íntimamente ligado al subempleo, la temporalidad y la precariedad laboral.
No obstante, el mercado laboral en el sector privado podría mejorar progresivamente aunque de manera muy lenta. Pero, su recuperación depende en gran medida de que se reduzca radicalmente la presión fiscal y, por tanto, el gasto público improductivo en España.
