Las recientes declaraciones de Pedro Sánchez acerca de la plurinacionalidad del Estado español han desatado (incluso en su partido) las furias de quienes, a estas alturas, se siguen agarrando al modelo constitucional de 1978 y simultáneamente al proyecto de la UE que lo anula en la práctica.
En la mente, y también en algunos proyectos por escrito, de la mayoría de los dirigentes políticos que impulsaron la Transición, existía la asunción de una cuestión que la II República había abordado: la existencia de tres hechos diferenciales (Cataluña, Euskadi y Galicia). Una visión no más asimétrica que la URSS de entonces o el actual Estado italiano.
La presión del ejército franquista, la de un estado de opinión nacional-católico y, sobre todo, el aldeanismo de campanario, tan vigente en España en conexión con la defensa de la Nación española patria común e indivisible, parieron el café para todos. Es decir, tratar como iguales a quienes la Historia, el consenso republicano y la inteligencia política, habían reconocido como desiguales.
Una manera como otra cualquiera de afirmarse en el error y en la falta de proyecto futuro: la evidencia de una realidad que no se quería admitir y el cerrilismo esencialista pactaron lo que sería fuente de conflictos con posterioridad. La organización político-administrativa de España en nacionalidades y regiones. Una manera vergonzante de admitir la diferencia pero intentando quitarle mordiente.
Fue el propio Fraga quien afirmó que la diferencia entre nación y nacionalidad era inexistente. Solamente se puede abordar la configuración de un Estado plurinacional si se dan tres supuestos. El primero es la visión de futuro que suelte amarras de atavismos patrioteros. El segundo haciendo girar el consenso en torno a Democracia y Derechos Humanos (todos) como base incuestionable y esencial a ese consenso. Y el tercero con unos políticos que quieran ver más allá de las siguientes elecciones. Cosa, ésta última, rayana en el milagro.
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