La nueva Ley de Autónomos entra en su fase definitiva, después de que el Congreso de los Diputados diera el visto bueno a la propuesta, que ahora será enviada al Senado y que los partidos esperan aprobar en el mes de julio.
Dicha ley incluye una batería de medidas en favor de los autónomos. Aunque la realidad es que no servirá para mejorar demasiado la precaria situación que atraviesa en estos momentos el colectivo de los trabajadores por cuenta propia en España.
El problema es que esta nueva Ley no aborda los principales asuntos que realmente preocupan a los trabajadores, y que afectan a la viabilidad de sus negocios. En definitiva, esta nueva norma no evitará que los autónomos sigan siendo los esclavos fiscales y laborales del Siglo XXI, y seguirán estando masacrados por Hacienda por unos impuestos que, en muchos casos, no pueden pagar. Sin olvidar la Seguridad Social, que exige el pago de una cuota de 300 euros mensuales que limita el escaso beneficio de estos pequeños negocios.
Promoción para PP y Ciudadanos
Para lo que servirá esta nueva Ley es para que el PP y Ciudadanos, como impulsores de la norma, se promocionen mediáticamente como los partidos que se preocupan por el bienestar de los autónomos. La realidad es que en España existe un consenso socialdemócrata, aceptado por el actual tetrapartidismo, con el objetivo de explotar a autónomos y pymes para que sigan sosteniendo el chiringuito político.
Aunque los derechos sociales de los autónomos se encuentren a años luz de los que de manera tradicional poseen, por ejemplo, los funcionarios públicos, la nueva ley de autónomos incorpora determinadas medidas que intentan reducir (mínimamente) esta gran brecha.
En este sentido y a partir de la entrada en vigor de esta ley, las madres autónomas que hubiesen cesado su actividad por maternidad, adopción, etc., y se reincorporaran al trabajo durante los dos años posteriores a la fecha del cese, podrán disfrutar de una tarifa plana de 50 euros por un periodo de 12 meses. En el caso que esta trabajadora haya optado por la base mínima. Si, por el contrario, lo hizo por una base superior a la mínima, tendrá una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes.
Del mismo modo, las trabajadoras por cuenta propia dispondrán de una exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año por cuidado de menores o dependientes. Todo ello, al objeto que puedan conciliar mejor la vida laboral y la familiar.
Favorecer el empleo
Otra medida relevante, que se ha adoptado para favorecer el empleo pero no para beneficiar a los autónomos, es que los autónomos en edad de jubilación y con trabajadores a su cargo podrán cobrar el 100% de su pensión y, a la vez, seguir trabajando.
La tercera propuesta relevante -aunque en este caso se trata de una enmienda que podría no ser aprobada- es que los autónomos puedan tener cubiertos los accidentes 'in itinere'. Es decir, aquellos que son susceptibles de producirse en el trayecto tanto de ida como de vuelta entre la vivienda y el trabajo.
El resto de medidas, unas 20 más, hacen referencia a las deducciones en los suministros -luz, agua, gas, etc.- para los autónomos que trabajen desde casa; así como bonificaciones de varios tipos, facilidades para la formación, ampliación de la tarifa plana, reducción de los recargos por la demora en los pagos... son solo migajas.
Autónomos sin poder
El sorprendente que un colectivo como el de los autónomos, integrado por más de 3 millones de personas, tenga tan poca fuerza social y política en España. Una situación que incluso recoge la nueva Ley, desde el momento en el que uno de los objetivos de la misma es impulsar la representatividad social y política de los autónomos.
Así, la Ley determina que las organizaciones de autónomos más representativas serán consideradas de utilidad pública, fijándo un plazo de un año para su entrada en el Consejo Económico Social (CES) y para la constitución de Consejo de Trabajo Autónomo.
Pero no hace falta ninguna ley para que un colectivo, en este caso, el de los autónomos, tenga fuerza política y social. Bastaría con tener unos representantes que no se plieguen a las necesidades de los partidos políticos y de los gobiernos de turno, luchando por conseguir las mejoras que de verdad necesita el colectivo.
