En las últimas semanas se han multiplicado las manifestaciones populares que piden en la calle la renuncia del presidente Michel Temer y la convocatoria inmediata de elecciones directas (Diretas Já). Pero más allá del deseo de las multitudes es una reivindicación difícil de satisfacer, ya que la Constitución brasileña no contempla el adelanto electoral. En el caso de vacancia presidencial corresponde al Parlamento en pleno (Senado y Congreso) elegir al nuevo mandatario 30 días después del cese o dimisión.
La convocatoria de elecciones directas requiere una reforma constitucional, siendo el Parlamento, con mayoría cualificada, quien debe intervenir. El trámite parlamentario para completar el proceso demandaría largos meses, algo menos de un año. Ahora bien, las elecciones presidenciales ordinarias, que desde 1989 se resuelven por voto popular y no mediante el Colegio Electoral, tendrán lugar en octubre de 2018. Por eso, de prosperar la reforma habría una disfuncional superposición de fechas.
Los principales partidos con representación parlamentaria, que suman cerca del 70% de diputados y senadores, comenzando por el PMDB (Partido Movimiento de la Democracia Brasileña) y el PSDB (Partido Social Demócrata de Brasil), prefieren que el Parlamento escoja al nuevo presidente. El PT (Partido de los Trabajadores) es la gran referencia de quienes apoyan la convocatoria inmediata de elecciones, debido, entre otras cuestiones, a que el ex presidente Lula da Silva es el mejor situado en las encuestas (su preferencia ronda el 30%). De todos modos, su elevado rechazo, próximo al 50%, complicaría su elección en una segunda vuelta.
El desprestigio de los políticos, los partidos y las principales instituciones democráticas, comenzando por el Parlamento, tocados de lleno por el escándalo de corrupción vinculados al Lava Jato y Odebrecht, complica cualquier salida a la crisis actual. Solo la justicia se salva del desprestigio generalizado dada su tenaz labor, a veces con un fuerte contenido propagandístico y personalista, en el combate a la corrupción.
La negativa de Temer a renunciar después de la filtración de unas grabaciones comprometedoras, es un episodio más en la gestión de un presidente débil y marcado por los escándalos. Su mayor mérito ha sido su determinación, en colaboración con el Parlamento, de impulsar las reformas necesarias para sacar a la economía de la recesión. Una acusación judicial en su contra tiene escasos visos de prosperar por la inmunidad que lo ampara, mientras que un impeachment (juicio político) tiene el inconveniente del tiempo que demoraría su salida del poder desde que comienzan los trámites (en torno a medio año), lo que nos coloca nuevamente en un escenario similar al de la reforma constitucional.
La vía para desatascar el actual conflicto pasa por el Tribunal Supremo Electoral, que desde hace bastante tiempo está investigando las acusaciones por la financiación ilegal de la campaña de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer. El 6 de junio el Tribunal reanudará el juicio suspendido en abril pasado a pedido de la defensa, y ésa será la ocasión poner fin a un mandato que está provocando demasiadas complicaciones.
En caso de que esto ocurra ya se han iniciado las negociaciones para buscar un reemplazante. Entre los nombres que más suenan está el senador Tasso Jereissati, presidente del PSDB, y el ex ministro de Lula Nelson Jobim, del PMDB. Con independencia de la solución que se adopte, y si Temer sigue o no, la continuidad del ministro Henrique Meirelles y su equipo, que hasta ahora han gozado de un respaldo bastante amplio de los principales actores económicos, será un dato fundamental para el futuro de la economía brasileña.
Brasil necesita una profunda reforma política para salir de su actual atolladero. El Parlamento debería ser su principal impulsor. Pero este Parlamento está totalmente desacreditado, con numerosos parlamentarios acusados directamente de corrupción o relacionados con ella. En esto no se salva nadie, comenzando por Lula y Rousseff, pese a su discurso moralizador. Durante años, el PT y el PMDB fueron sólidos aliados y sin el respaldo de Temer y su partido la izquierda brasileña no hubiera gobernado. El riesgo de la no reforma es el surgimiento de una opción populista o antipolítica, sin descartar incluso la emergencia de un fuerte candidato evangélico, con un programa valórico y reaccionario, dado el predicamento de sus iglesias y pastores. Para que esto no ocurra los partidos tradicionales deberían ponerse de acuerdo e iniciar una profunda regeneración del Brasil, pero esto todavía no se intuye en el horizonte.
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