
La llamada de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy ha despejado muchas dudas. De ella poco ha trascendido, salvo que fue cordial y en términos de normalidad, lo cual es un avance gigantesco teniendo en cuenta el rechazo personal que ambos se profesan mutuamente. Un rechazo que, en nombre de los dirigentes políticos coherentes y sensatos, deben aparcar en beneficio de los intereses generales de su país. A nadie le importa si el presidente detesta al líder del primer partido de la oposición, ni si eso mismo ocurre en sentido inverso. Nos interesa su capacidad para entenderse y buscar entendimientos que mejoren la vida de los ciudadanos.
Puede concluirse en un análisis rápido que Pedro Sánchez ha hecho este movimiento de manera táctica para contrarrestar la posible alucinación colectiva por las diferentes visiones que el (de) nuevo líder socialista parece tener sobre lo que es España y lo que a su juicio es una nación. Nadie más que él concluyó en La Vanguardia que esta es una nación de naciones, contraviniendo claramente la letra y el espíritu constitucional que establece la existencia de nacionalidades y regiones, pero nunca de naciones. Nadie más que él ha modificado luego esa posición alarmante al incluir en su programa electoral para las primarias el matiz plurinacional, en el que las naciones a las que se refería lo son pero sólo culturalmente, como si la cultura catalana no tuviera nada que ver con la andaluza o la murciana, miles de cuyos emigrantes acabaron en Cataluña forjando las tradiciones y la lengua actuales.
Lo más dañino para el PSOE y para España de la posición de este partido en el conflicto catalán es que siempre que ha criticado los planes secesionistas ha añadido la coletilla de que la misma culpa que los independentistas tenía el Gobierno conservador por no hacer nada para evitarlo. Una equidistancia motivada por una forma de hacer política en la que no debes ni puedes nunca apoyar a tu adversario, por muy coherente que sea su posición. Sea lo que sea, me opongo, como diría el Groucho Marx de Plumas de Caballo. La llamada ha regenerado esa posición, y ha tranquilizado a muchos españoles.
La pregunta que estos días circula rauda en todas y cada una de las conversaciones es si los partidos que defienden la ruptura llegarán o no a convocar la consulta. El endurecimiento de la respuesta del Gobierno indica que el final del desafío está próximo y que todos los resortes están activados. Estos días se pueden leer en la prensa los planes previstos para contestar de forma coercitiva a las acciones jurídicamente inaceptables que puedan promoverse desde Cataluña. Este cambio de tono de Rajoy, Sáenz de Santamaría, Méndez de Vigo y Cospedal ha provocado que la Generalitat dé por rota la posibilidad de un pacto para convocar un referéndum, una opción irreal que sólo ella y quienes sostienen al Gobierno catalán han defendido como posible. No se puede negociar lo que la Ley impide con total claridad.
El frente que defiende el referéndum ilegal se resquebraja porque el partido de Colau no ha asistido a la reunión que debía impulsar la fecha y la pregunta, desconocidas hasta por los impulsores de tan ambicioso y rupturista plan. Los "comunes" no quieren apoyar algo unilateral y Puigdemont va a seguir adelante sin ellos, pero mermado hasta un punto que aún no conocemos en qué derivará. Quedan en ese barco el PDeCat, ERC, la CUP y las asociaciones que defienden la ruptura.