En los últimos años, es innegable que las dudas sobre el comportamiento de algunas entidades financieras durante la crisis, ha supuesto una losa en la credibilidad del sistema bancario español. Obviamente no se puede generalizar y no todos los bancos se han comportado igual, pero a menudo, todos terminan en el mismo saco en boca de la opinión pública y el daño se produce a todas las entidades.
En el caso de Bankia, podemos distinguir dos casos han generado enorme malestar en la ciudadanía: la comercialización de preferentes y la salida a bolsa de la entidad. Los datos aportados por la empresa para su salida a bolsa, han perjudicado a la misma y significaron importantes pérdidas para los inversores. Si por definición, es difícil valorar si es interesante acudir o no a una salida a bolsa, el hecho de hacerlo en base a esas cuentas, sólo puede acarrear pérdidas. Por otro lado, este hecho viene precedido de la venta a ahorradores, de productos financieros con un importante riesgo asociado, que en la mayoría de los casos hacían no aptos para los perfiles de los compradores.
Llegados a este punto, hay que dejar claro que la responsabilidad no corresponde únicamente a la entidad financiera. Hay dos aspectos que, en mi opinión, merecen ser destacados. El primero de ellos, corresponde a la regulación a la que está sujeta el sector financiero español. Sea por presión de los objetivos, o por mero desconocimiento, los empleados han comercializado productos sin advertir de los riesgos y sin que sus clientes supieran exactamente qué estaban firmando. Sin duda, se nos antoja necesario pensar en que debe haber un regulador que sea capaz de descubrir, e impedir que estas prácticas tengan lugar. De lo contrario no habremos aprendido nada y en unos años volveremos a enfrentarnos a un problema similar.
Por otro lado, son muchos los afectados por una salida a bolsa en la que los datos ofrecidos a los inversores, no se ajustaban a la realidad de la empresa. Hay que poner de manifiesto, que el inversor minorista, tiene que gozar de la mayor protección posible, ya que se enfrenta a los costes de agencia, que conllevan dificultad para conocer la realidad de la entidad. Los datos contables son su única fuente de información para tomar una decisión de inversión, y si éstos no son adecuados, se deben de adoptar medidas para proteger a los inversores.
Además de los pasos dados para que a los clientes se les informe de los riesgos que asumen con sus inversiones, es necesario que se profundice en el control de las empresas auditoras. Si bien es cierto que, en el caso de Bankia, la principal responsable es la propia empresa, no es menos cierto que las firmas que auditan sus cuentas, tienen igualmente responsabilidad. El regulador tiene que aumentar el control sobre la veracidad de las cuentas de las empresas, y sobre las entidades que las auditan, si queremos dotar al inversor minorista de la protección que merece.
Aunque a costa del perjuicio ocasionado a muchos ahorradores, hay que destacar un aspecto positivo que ha traído la crisis económica de los últimos años. Los esfuerzos que ha realizado el regulador, unido a un mejor hacer por parte de las entidades financieras, está dando sus frutos. En el caso de Bankia, la nueva dirección de la empresa, continúa haciendo esfuerzos para lavar su imagen. La mayor parte de ahorradores afectados por la comercialización de participaciones preferentes, ha conseguido recuperar su dinero. Cabe esperar que en los próximos años, el control en la venta de estos productos sea mayor, y que el supervisor endurezca sus medidas.
El objetivo de todos, debe ser aunar esfuerzos para mejorar la imagen de un sector que es imprescindible para el buen desarrollo de la economía, y que tiene un peso capital en el ahorro e inversiones de las familias. Entre todos debemos conseguir que los clientes entiendan los riesgos a los que se enfrentan en cada inversión, que las personas que comercializan productos financieros los entiendan a la perfección, que las entidades financieras informen escrupulosamente de los riesgos y, por último, que el regulador lleve a cabo una supervisión adecuada.
