Las noticias relacionadas con la Operación Lezo que afectan al Partido Popular se multiplican. En apenas una semana y un día, los tribunales, la policía y la fiscalía han generado elementos suficientes para que cualquier partido se hiciera un lento e implacable harakiri, pronunciara un tierra trágame que tiene poco que ver con la personalidad política y el perfil de Mariano Rajoy, cuya actitud de resistencia y aguante encajan a la perfección en esta delicada situación.
Pocos partidos resistirían que saliera a la luz la confirmación de que algunos dirigentes de su dirección conocieron las denuncias sobre la existencia de una cuenta en Suiza en la que la trama presuntamente liderada por Ignacio González en el Canal de Isabel II ingresaba el pago de las comisiones ilegales. No es que miraran para otro lado para que el detenido siguiera cobrando dinero irregular, sino que no dieron credibilidad a esos chivatazos (hasta tres) y se quedaron con los desmentidos del interesado hasta que el asunto estalló públicamente la pasada semana.
Otros tampoco resistirían fácilmente la explicación sobre mensajes de felicitación y agradecimiento cruzados por un ministro del Gobierno y el imputado. Mensajes que no demuestran absolutamente nada pero que convenientemente difundidos ponen en el foco de la sospecha a sus autores.
Para colmo, el asunto de los fiscales. Las informaciones que van saliendo a la luz parecen demostrar, y lo que parece es lo válido para la opinión pública, que desde las jerarquías del ministerio público se ha tratado de impedir una parte de la investigación, imponiendo a algún fiscal una línea blanda en relación a Ignacio González y sus movimientos sospechosos. Si en España, como ocurre en EEUU; el Fiscal General fuera el ministro de Justicia, no tendríamos estas sospechas, que por otra parte han existido siempre en relación a esta institución que nos representa a todos. Representa al Estado.
Mensajes, fiscales y chivatazos horadan la credibilidad de cualquiera, y esto ocurre a una semana del debate de totalidad sobre los Presupuestos Generales del Estado, lo cual alienta la vehemencia de algunos grupos parlamentarios que se lanzan a amagar una moción de censura poco creíble y destinada más a desgastar a los competidores ideológicos.
Pero de todo este rosario de situaciones increíbles, destaca algo que no ocupa línea alguna en los medios: el origen de las filtraciones de sumarios judiciales que llegan a los digitales y las cadenas de radio y televisión de forma inmediata en cuanto un juez investiga una trama de corrupción. Una práctica prohibida, perseguible y condenable que a nadie molesta ni extraña. Y que provoca la criminalización sin pruebas de personas cuyos nombres aparecen en grabaciones y transcripciones de mensajes. ¿Se investigará algún día el origen de esas filtraciones?. Una pregunta para añadir a esta sensación general de alucinación.
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