El diferente trato que dispensa Hacienda en función del estatus del obligado tributario, es decir, si este pertenece a la "casta política y asociados" o no, es un fiel reflejo de la corrupción de nuestro sistema fiscal.
Esta corrupción está íntimamente conectada a la corrupción de la justicia. Sobre todo teniendo en cuenta la falta de independencia que sufren los altos tribunales de justicia españoles.
En consecuencia, podemos llegar a la conclusión de que nuestro Estado de Derecho aplica una estrategia inquisidora, basada en mostrarse implacable con los ciudadanos y sordomudo con el poder político.
Corrupción fiscal
La denominada lucha contra el fraude fiscal es uno de los máximos exponentes de todo ello. En la mayor parte de los campos de batalla fiscales suelen sucederse contiendas desiguales entre dos antagónicos bandos:
Por un lado, un gran ejército conformado por inspectores de Hacienda, armados en virtud de multitud de normas fiscales que son modificadas cada año. Y provistos del bastón de mariscal que les ha concedido nuestra subvencionada socialdemocracia, para que de este modo puedan expoliar ilimitadamente a la economía productiva.
Enfrente, tres millones de autónomos, pequeños empresarios, micropymes, emprendedores, profesionales liberales, etc. Todos ellos casi arruinados en base a unos impuestos injustos e insostenibles. Y perdidos en función de la maraña fiscal existente en todas y cada una de nuestras selvas autonómicas.
Y desde la lejanía tributaria, casi siempre amparados por la injusticia española, suelen contemplar este cruento combate los grandes defraudadores: políticos de cualquier partido, empresarios del 3%, sindicalistas de los EREs, exdirectivos y anti gestores de cajas de ahorros, etc.
No obstante, en esta lucha contra el fraude, y siempre coincidiendo con algún escandaloso episodio de corrupción política, el sistema suele hacer prisioneros a algunos conejillos de Indias, que normalmente son cantantes folclóricas, empresarios que el régimen corrupto de turno ha dejado caer en desgracia, políticos amortizados, etc.
A recaudar a las Fallas
El macro despliegue fiscal, de tipo recaudatorio o, mejor dicho, confiscatorio, que con motivo de las Fallas ha planificado la Agencia Tributaria es un claro ejemplo que corrobora lo anterior. Tanto es así, que los autónomos y pymes encargados de dar vida a las 'Fallas de Valencia 2017' están siendo inspeccionados sin piedad.
De hecho, la Junta Central Fallera, (teniendo reciente la ruinosa experiencia del año pasado, en el que Hacienda sancionó, en virtud del más mínimo descuido fiscal, hasta el más humilde de los autónomos falleros), ha suscrito para el presente año un convenio con el Colegio de Economistas de Valencia para disponer de asesoramiento profesional.
Por el contrario, la familia Pujol, entre otros muchos clanes políticos relacionados con la corrupción, no ha sido inspeccionada fiscalmente durante más de 30 años, ya que ha estado blindada por el sistema.
Asfixia fiscal al pequeño negocio
Sin duda, el modelo de la lucha contra el fraude implantado por la Agencia Tributaria en España está basado fundamentalmente en el terrorismo fiscal. Es decir, en la asfixia normativa, inspeccionadora y sancionadora a la que Hacienda somete, sobre todo, a los pequeños negocios.
Sin embargo y aprovechando que se trata de un arquetipo obsoleto, podría aprovecharse esta coyuntura para actualizarlo y, por ende, enfocarlo en los grandes defraudadores. De esta forma, las micropymes y los autónomos podrían respirar, aunque fuera de forma asistida.
La lucha contra el fraude fiscal llegó prácticamente al límite de sus posibilidades de recaudación en 2016, año en el que el plan antifraude de Hacienda recaudó 14.883 millones de euros, un 5% menos que en 2015.
Aunque, a pesar del citado descenso, la línea recaudadora de Hacienda ha sido ascendente desde que se pusieron en práctica los planes contra el fraude fiscal, hace aproximadamente 10 años.
Incluso, se ha podido cumplir con las últimas exigencias de Bruselas al respecto. Debido a que España cumplió el compromiso de aumentar en 2.000 millones de euros la recaudación procedente de la lucha contra el fraude.
De todas maneras, los autónomos y las pequeñas empresas necesitan un nuevo modelo de lucha contra el fraude, en el que en el punto de mira fiscal se sitúen los verdaderos defraudadores: la casta política, la casta sindical y los amigos del poder.
