La Cuarta Revolución Industrial es un fenómeno tecnológico de carácter disruptivo y global. Y caracterizado por el progresivo protagonismo en el entorno empresarial de determinados procesos relacionados con la digitalización, la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, la computación cognitiva, el Big Data...
Una vez analizados los principales efectos que está teniendo la misma, tanto en el plano empresarial: Empresas digitalizadas, robotizadas y dotadas de un alto grado de externalización. Incremento de la productividad y la competitividad de las empresas. Plantillas dotadas de un menor número de empleados. Etc.
Como en lo concerniente al mercado laboral: obsolescencia y, por tanto, casi desaparición de determinados perfiles laborales tradicionales. Creación de nuevos empleos cuyo desempeño está ligado a las habilidades digitales y a los conocimientos tecnológicos de última generación. Máxima competitividad en el mercado de trabajo, en el que los robots y los profesionales freelancers alcanzarán mayor presencia. Etc.
Modelo productivo
Es conveniente analizar también las causas que pueden provocar que España se quede rezagada en la carrera tecnológica entre países que lleva aparejada esta Cuarta Revolución Industrial.
El modelo productivo actual de nuestro país, basado en el turismo low cost y, en general, en el sector servicios, no es demasiado compatible con la nueva economía generada por la transformación tecnológica y digital.
Inversión pública en I+D
Además, la Cuarta Revolución Industrial exige a los países que quieran desarrollarla con garantías de éxito un alto nivel de inversiones públicas en I+D. Recordemos, al respecto, que la inversión pública en I+D en España equivalió al 0,6% del PIB en 2016. Y tampoco olvidemos que la Unión Europea tiene el objetivo de que los países miembros alcancen el 3% del PIB durante el trienio 2017-2020.
Como referencias orientativas, podemos citar las inversiones que realizan en I+D Austria, Alemania y Suiza, que están en torno al 3% del PIB. Por debajo de Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca y Suecia, cuyas inversiones en este ámbito se sitúan por encima del 3%.
Aunque, todos ellos, todavía muy lejos de los países que más invierten en I+D: Japón (3,6%), Israel (4,1%) y la República de Corea (4,3%).
Política fiscal
Otro factor clave, no solo para impulsar el fenómeno de la transformación digital empresarial, sino también para potenciar el crecimiento económico de cualquier país, es implementar una política fiscal incentivadora para las empresas y, por ende, para la creación de empleo, es decir, caracterizada por unos impuestos reducidos.
Sistema educativo
De igual modo, es vital para cualquier país que quiera subirse a la ola tecnológica provocada por esta Cuarta Revolución Industrial, disponer de un sistema educativo enfocado en la economía digital.
Se trata de poner en marcha un modelo educacional en el que se enseñen los valores del emprendimiento, se prestigie la formación profesional dual y cuyas universidades sean capaces de conectar con el entorno empresarial.
En España, por el contrario, la inversión pública en I+D lleva un sentido decreciente desde hace varios años, la política fiscal es de carácter confiscatorio y el sistema educativo está absolutamente politizado. (Al igual que se encuentran al servicio de los partidos políticos todas las áreas de la Administración Pública, incluida, por supuesto, la justicia).
La digitalización de la Administración
La digitalización de la Administración Pública es también un asunto de gran relevancia para un país que quiera salir fortalecido y, a la vez, posicionado, una vez concluya la Cuarta Revolución Industrial.
Porque las administraciones públicas deben ofrecer a las empresas (y a los ciudadanos) un marco digital y tecnológico adecuado para que las mismas puedan ganar competitividad.
En España, los proyectos tecnológicos y digitales que se están llevando a cabo en las administraciones públicas no están teniendo las mismas consecuencias, en términos de incremento de la productividad, que en las empresas privadas.
Exceptuando proyectos exitosos muy concretos, la digitalización en la Administración tampoco está aportando un plus de eficiencia gerencial (hasta la fecha). Máxime, conociendo que en muchos casos, los procesos de digitalización administrativa han multiplicado los costes de todo tipo.
Pero, sobre todo, lo más contradictorio es que mientras los procesos de digitalización empresarial llevan asociados EREs y reducciones de plantilla, los proyectos de digitalización en las administraciones no han destruido ni un solo empleo público.
El salvavidas de las multinacionales
Sin embargo, España tiene un valor súper competitivo, a todos los niveles, y este no es otro que sus multinacionales. Tanto es así, que según un estudio, titulado 'El cambio hacia una España innovadora: el impulso de las multinacionales', desarrollado, entre otros, por Pascual Berrone, profesor del IESE, estas compañías realizan el 35%, aproximadamente, de la inversión privada en I+D que se realiza en España.
Un hecho que contribuye al éxito de los procesos de digitalización, a la creación de empleo de calidad, a facilitar la conexión con redes internacionales de I+D+I+D., etc.
En nuestro país, las multinacionales abanderan la transformación tecnológica y digital a nivel empresarial y, paralelamente, contribuyen de manera decisiva a incrementar la competitividad digital de España.
Análisis DAFO de España
En función de lo anterior, España se encuentra en desventaja respecto a otros países que se han posicionado mejor al objeto de encarar esta Cuarta Revolución Industrial. Y, consecuentemente, nuestro país presenta muchas más debilidades que fortalezas en este sentido.
No obstante, también poseemos algunas ventajas competitivas, por ejemplo, España forma eficientemente a científicos e ingenieros, exporta productos innovadores y tecnológicos...
De todas formas, el margen de mejora de España es grandísimo. Además de industrializar tecnológicamente el modelo productivo, aumentar considerablemente la inversión pública en I+D, reducir los impuestos al mínimo, rediseñar el desfasado y politizado sistema educativo y digitalizar productivamente la Administración Pública.
Nuestro país tiene el deber, igualmente, de proteger en mayor medida la propiedad intelectual, aumentar la cooperación entre la Administración y el sector privado, mejorar tanto la calidad de las instituciones científicas como la calidad educacional en materias, tales como, las ciencias y las matemáticas, etc.
