No sé con exactitud ante qué institución o instancia deben dar cuenta de sus responsabilidades quienes contribuyeron al problema de las cajas de ahorro, que no sólo de Bankia. Tal vez, el ámbito judicial o penal en el que se han visto comprometidos recientemente el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el antiguo presidente de la CNMV, Julio Segura, y su entonces vicepresidente, Fernando Restoy, suponga obviar las circunstancias tan críticas y complejas que vivió el sistema financiero en aquéllos momentos peculiares de 2008, y de nuevo en la eurozona, en 2012, que obligaron a tomar medidas y decisiones peculiares y extremas.
Sin embargo, varias de aquellas decisiones fueron tomadas erróneamente a sabiendas, pues se trata de personas inestimables y cualificadas. Tal vez la precipitación o urgencia del momento pudo afectar pero la clave de los despropósitos cometidos fue su origen político: las decisiones acometidas lo fueron desde una dañina, particular, interesada y distorsionante perspectiva política.
Y no, como pretende el PSOE, sólo en Bankia o desde 2000, intentando reforzar su errónea explicación y espuria interpretación del desastre manifestado desde 2007 como una burbuja inmobiliaria producida por el PP de Aznar. Las decisiones políticas son muy anteriores, no sólo afectan a Bankia y el hecho de que sean políticas hace que las responsabilidades o culpas no se repartan por igual.
Si ponemos sólo el foco en Bankia, Blesa o Rato y no sólo estamos abocados a repetir errores sino, lo que es peor, transmitiremos la idea de que todos aquellos disparates y desviaciones se deben a unos cuantos y no a decisiones globales de política que tomaron gobiernos y autoridades de todo color. Porque el problema no es de Bankia sólo sino de la toma de las cajas por parte del poder político: su organización y decisiones eran políticas.
Y aunque los bancos privados se vieron afectados en la crisis, no lo fueron en la misma medida. Casi todos han dado la cara y han puesto fondos para asegurar sus provisiones y balances, para el Fondo de Garantía de Depósitos, para rescates de algunas cajas o como "invitados" a participar en salidas a Bolsa de grupos de cajas reflotados, como en Bankia y donde el BBVA se opuso. No olvidemos que el sistema monetario y financiero es un mercado totalmente intervenido y que se basa en la confianza y el crédito, cuyo hundimiento no discrimina.
El sistema financiero no fue la causa sino el medio en el que se difundieron los graves problemas que ahora pagamos, y cuyo origen es político: las autoridades jugaron con el sistema monetario y financiero para sus intereses electorales y de financiación, tanto con los instrumentos de política monetaria como con las regulaciones financieras, en nuestro caso la Ley de órganos rectores de las cajas (1985) y sus revisiones hasta 2011.
Concretamente, en el primer gobierno de Felipe González, las cajas quedaron expresamente en el limbo de no ser instituciones privadas ni públicas, para ser ocupadas por políticos y grupos vinculados (sindicatos, patronales y asociaciones de depositantes) y ponerse a disposición de su financiación en ámbitos autonómicos y locales. Puede señalarse a Bankia como el pufo más grande en términos absolutos, pero no en términos relativos, respecto de activos o por tamaño y extensión, que corresponde a Caixa Cataluña, dirigida por el que fue vicepresidente de Gobierno, Narcís Serra, luego integrada en Cataluña Bank y que, junto con Unnim Bank, quedó en manos del BBVA.
Y la primera en salir a la palestra fue, en marzo de 2009, Caja Castilla La Mancha, con Juan Pedro Hernández Moltó en la presidencia. Por no hablar de los peculiares arreglos que se dieron a cajas con especial influencia de poderes autonómicos, como las gallegas (Abanca) o las de Euskadi (Kutxabank), y otras que todavía están en serios apuros para salir adelante solas, como BMN o Liberbank.
En instancia judicial se juzga no si la salida a Bolsa de Bankia fue un acierto o error sino si, "con el propósito de captar inversores a cualquier precio", los correspondientes folletos de emisión contenían o no información falsa a sabiendas. Lo peor de todo es que, hoy sabemos, no sólo que existen informes reiterados del Servicio de Inspección del Banco de España, al parecer no formales, lo que, por cierto, era práctica incluso recomendada por la Dirección General de Supervisión (DGS) y su Comité Técnico de Coordinación, sobre lo inconveniente e inviable de la operación, sino que, y de esto también se tuvo noticia en su momento, existieron circulares de la DGS, según parece tras la quiebra de Caja Castilla La Mancha, en las que se alteraban las normas contables sobre refinanciación y provisión para préstamos morosos o de dudoso cobro, a fin de reducir o retardar su reflejo en los balances de todas las entidades financieras y así ocultar las debilidades de un sistema que entonces el propio presidente Zapatero calificaba de robusto y de Champions League.
Esas recomendaciones internas eran contrarias a las propias circulares anteriores (4/2004) del Banco de España, a las normas contables europeas y al propio Código de Comercio, lo que indica que el problema de falseamiento de balances, de datos, pudiera ser más grave.
Y mientras antiguos gobernadores del Banco de España, como Luis Ángel Rojo o Jaime Caruana, habían mantenido no sólo una independencia sustantiva frente al Gobierno sino que habían tomado decisiones y ordenado una regulación que favoreció la prudencia, exigencia y vigilancia en el sistema financiero español, que lo protegió por un tiempo, la decisión de Zapatero de politizar y usurpar la institución poniendo a Fernández Ordóñez a su mando no fue inocua, aunque sí inicua.
Se demuestra, una vez más y con estos hechos, que no faltó, ni falta, regulación, sino que hubo exceso de intervención e intromisión política y malos reguladores o vigilantes, no en términos personales, que a veces también, sino institucionales. Más allá de lo que pudo contribuir la burbuja y desmadre previos, también producidos por las autoridades, el ansia de politizar la economía y sacar provecho de ello durante el período 2004-2011 era imparable y alcanzaba a otros muchos sectores (recuérdese lo sucedido en Endesa y sus consecuencias), lo que fue un factor crucial para que nuestra crisis haya sido más profunda y larga que en la UE, compartiendo moneda y todo. Igual en Grecia, que quienes falsearon datos fueron las autoridades públicas. Aprendamos y no analicemos o juzguemos mal los problemas.
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