El "socialista" Emmanuel Macron, exministro de Economía del Gobierno de Hollande y actual candidato a la presidencia de la República de Francia, ha prometido recortar 60.000 millones de euros de gasto público en cinco años.
Para lograr tal fin, Macron deberá podar la plantilla de las administraciones francesas, eliminando 120.000 empleos públicos. Evidentemente, en el supuesto caso que sea elegido Jefe del Estado en las elecciones presidenciales de Francia que se celebrarán el 23 de abril de 2017.
La citada promesa electoral, independientemente de que pudiera ser cumplida o no, refleja la asunción por parte de Macron (y del partido al que representa) de uno de los graves problemas que tiene la economía francesa: el gasto improductivo del Estado.
Gasto público y gasto político
En España, ningún partido político con representación parlamentaria ha planteado una propuesta parecida a la de este político francés, debido a que ninguno de ellos quiere perder cuota de poder. Tanto en cuanto, parte del planteamiento de Macron implica eliminar el gasto político innecesario.
En este sentido, los partidos políticos que gobiernan en los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas no tienen la intención de despedir a "sus enchufados" de la Administración.
Los alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, etc., saben que cada enchufado público equivale, aproximadamente, a 3, 4 ó 5 votos, contando el voto del propio enchufado, el de su cónyuge, los de los hijos... Sin duda, un grandísimo botín político al que ningún gobernante local o autonómico quiere renunciar.
Pero, de forma paralela, el enchufismo político ha provocado un gran desequilibrio en la economía española, hasta el extremo de descuadrar las cuentas públicas ejercicio tras ejercicio. Además de potenciar la corrupción y la politización en nuestra Administración.
Enchufismo en las CCAA
La Junta de Andalucía reconoció el pasado año que esta Administración autonómica tiene en nómina a miles de empleados públicos que no tienen asignada ninguna función laboral. A pesar de ello, el Gobierno andaluz ha contratado recientemente a más empleados públicos para contrarrestar la reducción del número de horas trabajadas que ha impuesto a su plantilla de modo global.
En Valencia, el actual gobierno de esta comunidad autónoma está revisando los contratos de los trabajadores de sus empresas públicas, así como los procedimientos de contratación. Porque sospecha que el sector público empresarial valenciano acoge a multitud de empleados públicos enchufados por el anterior gobierno del PP.
Tanto es así, que una sentencia del TSJCV obligó a finales de 2016 a cinco empresas públicas a difundir los perfiles, categorías, salarios, etc., de los integrantes de sus respectivas plantillas para conocer las fórmulas de evaluación y selección que se utilizaron en la contratación de los mismos.
Aunque este problema está muy lejos de solucionarse, considerando que Podemos ha potenciado de manera espectacular el enchufismo político, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y en el de Barcelona. Y Ciudadanos sigue ocultando el enchufismo, y en general el resto de corruptelas, del PSOE en Andalucía.
Parásitos en la Administración
Recordemos al respecto que en la administración española sobran cientos de miles de empleos públicos de perfil político y sindical. Se trata de políticos, asesores, sindicalistas y empleados públicos enchufados por los partidos.
En relación a lo anterior, es relevante no confundir los anteriores perfiles con los funcionarios de carrera dotados de una oposición legalmente ganada. Puesto que, el desempeño de los funcionarios es clave para que en las administraciones públicas se respete la legalidad de los procedimientos. Además, los funcionarios garantizan la eficiencia e independencia de la Administración, sea cual sea el color del partido político que gobierne.
Por el contrario, los empleados públicos enchufados son sinónimo de politización e ineficiencia. De hecho, han sido colocados estratégicamente por los gobiernos de turno en ayuntamientos, diputaciones, y, sobre todo, comunidades autónomas.
Incluso, el enchufismo político ha sido capaz de crear una "Administración paralela", llegando a un nivel altísimo en las empresas públicas, fundaciones, consorcios, organismos de todo tipo y condición, etc. Tanto a nivel de la administración local como de la regional.
A tal efecto, el objetivo perseguido por los partidos políticos al enchufar a estos empleados públicos a dedo no es otro que crear redes clientelares y comprar votos de manera masiva.
Sin embargo, España ha tenido que recurrir al dinero barato del BCE y al expolio fiscal para poder pagar anualmente cientos de miles de sueldos públicos innecesarios y mantener económicamente el funcionamiento operativo de las instituciones en las que anidan estos enchufados.
Compra de votos
Los dos principales hándicaps económicos que impiden a España convertirse en un país competitivo, es decir, un déficit casi crónico y una deuda pública prácticamente impagable, tienen un origen de carácter político.
Del mismo modo, el desempleo estructural, que se perpetuará en los próximos años, y la alta temporalidad (dos variables asociadas a un modelo productivo tercermundista y basado en el turismo low cost y la construcción), tienen una relación directa con la escasa "flexiseguridad" de nuestro mercado laboral. Todo ello, derivado de la canibalización y el intervencionismo de los sindicatos de clase y el poder político.
En consecuencia, podemos afirmar que estos problemas económicos y laborales solo pueden solucionarse rediseñando la configuración de nuestro corrupto sistema político (y judicial). Una afirmación con la que cada vez más españoles están de acuerdo.
Tanto en cuanto, el modelo político instaurado en España desde el inicio de nuestra pseudodemocracia está basado en la compra de votos a través de dos procesos: la concesión de subvenciones públicas clientelares y el enchufismo en la Administración Pública (y el sector público empresarial).
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