Europa necesita ser repensada si quiere evitar su fracaso. Es la última oportunidad. Este año habrá elecciones en Holanda, en Alemania, en Francia y con toda probabilidad también elecciones anticipadas en Italia. En todos estos países existe la probabilidad real de que lleguen al gobierno partidos antieuropeístas y contrarios a la moneda única. Los líderes populistas emergentes que pueden ganar las elecciones este mismo año piden a grandes voces un referéndum sobre la salida de la eurozona que, probablemente, ganarían.
Un solo ejemplo: el Eurobarómetro destaca que en Italia, la aceptación popular de la moneda única es de apenas el 53 por cien. Esto significa que, en números redondos, casi la mitad de los italianos, en un tiempo no lejano uno de los países más europeístas, verían bien la salida de la eurozona y de la moneda única. Por tanto, 2017 puede ser también el año del Nexit, del Frexit o del Itexit. Y es del todo evidente que la salida de la moneda única de uno solo de esos países supondría una herida mortal para toda la eurozona.
El proyecto europeo y la moneda única son la más ambiciosa, eficaz y fecunda alianza entre países que tradicionalmente han sido malos vecinos y que con frecuencia se han hecho la guerra. El coste de la no-Europa en pleno siglo XXI sería sencillamente inasumible. Pero en muchos países las personas empiezan a considerar que los europeos no se necesitan unos a otros y que encerrarse de nuevo en el interior de las antiguas fronteras les permitirá vivir mejor.
Debe entenderse que se puede muy bien creer en la validez política y económica del proyecto europeo y tener al mismo tiempo un juicio negativo sobre la dirección de la política económica de la eurozona. Y conviene pensar si no es ése, precisamente, el gran problema: no tanto el rechazo al proyecto europeo como el rechazo a la gestión económica.
La razón del creciente desapego está en la equívoca y quizá disparatada fórmula para la toma de decisiones en las instituciones europeas. Desde el Tratado de Lisboa, hay dos sistemas: por un lado, una forma de gobierno suprana- cional en el que intervienen la Comisión, el Parlamento y el Consejo, subordinado al Tribunal de Justicia y utilizado para materias relativas al mercado único y, por otra parte, un sistema intergubernamental, basado solo en el Consejo europeo, en unas cuantas personas, que se ocupa de las políticas económicas y financieras, la defensa y la política exterior, es decir, de materias que afectan decisivamente a la soberanía nacional.
Este último sistema se basa solo en acuerdos entre gobiernos que colaboran (realmente negocian, con los ojos puestos en su propio electorado) sin intervención de otras instituciones comunitarias, salvo la Comisión como órgano técnico. Esta forma de decidir debe ser reformada para dotarla de mayor valor democrático si se quiere que los ciudadanos perciban que Europa merece la pena, porque, de otro modo, parecerá que los intereses propios se juegan en un tapete de tahúres.
Repensar Europa sobre la base de la reforma de sus instituciones es un tránsito inaplazable, precisamente este año crucial, si se quiere que la relativa fragilidad de la construcción europea, muy golpeada ahora con el Brexit, resista la tentación populista de reconstruir fronteras mientras cada país le dice a los demás: "No os necesitamos".
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