De entre el 45% de ciudadanos catalanes que se declaran partidarios de la secesión habrá todavía un puñado que piense que serán prósperos y gozarán de más bienestar con el advenimiento de la independencia.
Cualquier análisis racional tira por tierra esa teoría, pero no se puede asegurar que hayan recibido el mensaje. Afortunadamente, los sucesos de las últimas horas pueden contribuir a sacarles del letargo.
Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga y la verborrea sin complejos que ha exhibido el exjuez de ERC ha sido esclarecedora. Si ya sufren la tiranía de la lengua única en sus negocios, en las relaciones con la administración y hasta en el patio de recreo, en la arcadia feliz que prometen los nacionalistas también estarán convenientemente fichados.
Los separatistas, discípulos de las formas de hacer soviéticas, saben ya qué piensa cada cual. Al menos, según Santiago Vidal, en el caso de los jueces. Como en La Vida de los Otros, no sería descabellado pensar que, pertrechados de las más modernas tecnologías, que para eso sí hay fondos, escuchen las conversaciones de aquellos sospechosos de cumplir con la Ley y la Constitución, para, llegado el momento de la gloriosa independencia, aislarlos en guetos o expulsarlos del país.
De los dineros ya se han ocupado. Vidal nos ha contado que han recogido minuciosamente toda la información fiscal de los catalanes. Su dimisión fulminante hace pensar que algo de verdad esconden sus palabras.
A los que todavía creen en las supuestas bondades de la secesión, les habrá dejado las cosas un poco más claras. Deberían tener en cuenta que, cuando la inquisición política actúa, todos son sospechosos, hasta los más fieles creyentes. Quizá, con suerte, los grandes partidos españoles, que llevan años contemporizando con ellos, se den también de bruces con la realidad: para los que quieren romper con España, cualquier método es válido y cualquier cesión una muestra más de la debilidad del adversario.
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