Tienden los poderes públicos a eliminar la competencia, pues el poder, la autoridad, se fundamenta en la coacción, que es lo opuesto a los acuerdos libres y voluntarios entre personas. No digo, ni pretendo, que las organizaciones e instituciones jerárquicas no sean necesarias o precisas, ni que nada aporten. Ejemplo de instituciones jerárquicas son la familia o la empresa, que contienen una peculiar combinación de autoridad o imposición forzada e importantes elementos de acuerdos o contratos libres.
Adam Smith resalta, precisamente, la necesidad e importancia del Estado para que la institución del mercado funcione correcta y eficientemente. Pero ello no significa que el Estado, como figura institucional, pueda ser tratado o compararse, como muy a menudo se hace de forma improcedente, con cualquier institución privada, un club, una empresa, una comunidad de vecinos y, mucho menos, la familia.
¡Cuántas veces no habremos escuchado que en estos años de crisis han sido diversos organismos de las administraciones públicas o del Estado, junto con las familias (a las que se cita como con condescendencia) quienes han ayudado o aliviado la carga a muchas personas necesitadas! Sí, claro; con el matiz no menor, ni baladí, de que lo del Estado no es ayuda y no supone, es, ni nunca podrá ser, solidaridad, pues no es libre.
No digo que no pueda ser parte de sus obligaciones. Pero que el Estado destine o no una cuantía de dinero, a lo que sea, es una decisión política que las administraciones públicas, en cualquiera de sus niveles, realizan con impuestos. Así pues, las autoridades cuentan con la coacción para obligarnos a hacer aquello que otros (ellos) deciden, con el fruto de nuestros esfuerzos: si no pago impuestos, iré a prisión. Y eso no es comparable al esfuerzo o labor que realizan Cáritas o una persona jubilada con sus familiares. La diferencia es la libertad, que a mí me parece un componente clave. Lo otro es política.
Ahora, administraciones y gobiernos quieren eliminar la competencia fiscal. No hay más que ver los acuerdos y esfuerzos a favor de la unificación o consolidación al respecto en la UE o la queja entre comunidades autónomas en España por la capacidad de sus gobiernos para rebajar cargas impositivas a sus ciudadanos: sea Irlanda o Madrid. Pero, también en política, la competencia es siempre seña de mayor eficiencia; de mejora de resultados para todos. Premia a los mejores. No a los más caraduras, como se pretende.
Desde luego, en Madrid no hay ni dumping fiscal ni un paraíso de tal índole. No lo puede haber en un Estado donde todas sus comunidades cuentan con los mismos instrumentos normativos y regulatorios para obtener ingresos tributarios y no hay entramados financieros que tengan o usen unos, pero no otros, para evadir tales obligaciones impositivas. Las rebajas de ciertas figuras impositivas son parte de las competencias que todas las comunidades tienen, dentro del régimen común de financiación autonómica. Otra cosa son las excepcionalidades forales e, incluso estas, están recogidas y fundamentadas en la ley. No hay nada opaco o ilegal al respecto.
La competencia fiscal simplemente pone en evidencia la forma de administrar de los políticos, en cada caso. Y Madrid, que contribuye o aporta más que ninguna otra comunidad al sistema de financiación autonómica, tanto en términos absolutos como per cápita, lo cual es lógico y deseable, dado que su economía es también más dinámica y activa, permitiéndole recaudar más, es una de las autonomías que, durante años, ha quedado perjudicada en el reparto de ingresos del sistema porque a la hora de aplicar los criterios de PIB, tamaño de la economía o población (aquí hay una antigua disputa) sale peor parada respecto de su realidad y de la financiación que recibe la media de las autonomías sobre el PIB.
Por cierto, también Baleares y Valencia. Con los mismos criterios establecidos para todas las autonomías, incluidas las diferencias proporcionales a cada una, a Madrid se le aplican menos, no más, ingresos. Incluso Cataluña, que también sale perjudicada, aunque menos de lo que sus gobernantes dicen, ha obtenido varios años, y tras el reparto financiero, recursos añadidos para inversiones, transferencias o fondos finalistas y financiación extra para su déficit y deuda, y con altas dosis de permisividad. En definitiva, es el sistema de financiación autonómica, en sí mismo, lo que es arbitrario, opaco, ineficiente, injusto, con incentivos perversos y derrochador.
No puede acusarse a Madrid de eludir sus compromisos con el resto de autonomías, ni sus responsabilidades con el conjunto de ciudadanos españoles, como tampoco su capitalidad es, como insinuó el presidente de Cantabria, todo beneficios. También tiene costes que deben considerarse.
Y, desde luego, las figuras impositivas que están en liza, transmisiones, sucesiones, donaciones o patrimonio, son impuestos en cascada que más que contributivos son confiscatorios pues sus objetos imponibles, en todos los casos, han sido reiteradamente gravados y han tributado, a veces incluso varias veces, por una o varias causas cuando llegan a tal situación. Más que propios de un Estado democrático, lo son de uno abusivo, opresor y arbitrario.
