El parque inmobiliario español es uno de los más obsoletos de la Unión Europea. En la actualidad cuenta con 25 millones de viviendas, de las que se estima que dos millones requieren una rehabilitación. A esto se suma que el 60% de las viviendas en España se construyeron sin ningún criterio de eficiencia energética, antes de que entrase en vigor la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los edificios en el año 1979 y mucho antes del Código Técnico de la Edificación.
Estamos muy lejos de poder dar cumplimiento a la Directiva Europea 2010/31, que exige a los estados miembros de la Unión que todos sus edificios públicos sean Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los edificios, sin excepción, lo sean a partir del 31 de diciembre de 2020. Sin duda, urge legislar para garantizar en España la edificación energéticamente eficiente, más aun cuando la última Recomendación 2016/38 de la Comisión Europea, de este verano pide a los Estados Miembros redoblar sus esfuerzos y emplear las mejores prácticas.
El primer paso, y desde PEP considerado como de extrema urgencia, es establecer una definición sin ambigüedades del término ECCN, que indique claramente el nivel de exigencia y de excelencia que se pretende para nuestro parque inmobiliario, teniendo en cuenta que ya existen unos mínimos recogidos en la Recomendación de la Comisión Europea.
Limitaciones a la calefacción
Para PEP, si se pretende la máxima excelencia, la alta eficiencia, confort y reducción de emisiones de CO2, así como tener la plena garantía de que, al margen de la evolución de las trasposiciones de las directivas, las nuevas viviendas en construcción cumplirán con las exigencias del futuro ya próximo, se debe apostar por valores similares a los de los edificios certificados Passivhaus. Ello implicaría establecer limitaciones en la demanda de calefacción (menor o igual a 15kWh/m); la demanda de refrigeración (menor o igual a 15kWh/m²+0,3kWh/m² para deshumidificación); la demanda de energía primaria (menor o igual a 120kWh/m²; y hermeticidad al paso de aire (menor o igual a 0,6 renovaciones/hora). Estas medidas pueden suponer un ahorro en la demanda de energía de hasta un 90% que el de un edificio convencional.
La definición de ECCN deberá, además, acompañarse de controles o regulaciones que permitan llegar a ellos. Una formación adecuada de los técnicos de la administración, a modo de certificadores, podría servir para que fueran garantes de que lo que se está construyendo se ajuste a lo proyectado, realizando o estableciendo un sistema de control que recogiese por un lado la obligatoriedad de realización de ensayos de control en fase de construcción y a su vez la obligatoriedad de monitorizar y medir los consumos reales de los edificios construidos.
En España, especialmente en los últimos cinco años, crece el parque de edificaciones pasivas, un tipo de construcción orientado al máximo confort y la máxima eficiencia partiendo de la base de reducir la demanda de energía todo lo posible manteniendo una temperatura constante y confortable mediante medidas pasivas (orientación del edificio, aislamiento, hermeticidad, ventilación con recuperador de calor, etc), reduciendo al mínimo la necesidad de utilizar energía para climatización.
A día de hoy, según el informe 'Emission Gas Report 2016' redactado para la cumbre COP-22 celebrada en Marruecos el pasado mes de noviembre, y en el que se recomienda el estándar Passivhaus como primera recomendación para los ECCN, hay 46 millones de m2 construidos conforme a este estándar.
En España, desde 2009, tan sólo el 0,006% de las edificaciones para las que se ha solicitado licencia de obras, tanto de obra nueva como de rehabilitación, están certificadas por el Passivhaus Institut, entidad certificadora internacional de las passivhaus. En cuanto a la rehabilitación, es la certificación Enerphit la que certifica el Passivhaus Insitut; en España, tan solo hay un edificio certificado: el barracón del antiguo Hospital Militar de Burgos, actualmente aulario de la Universidad de Burgos.
Es cierto que el sector está dando respuesta adecuadamente a las necesidades materiales y tecnológicas para construir mucho mejor de lo que establece la normativa actual pero aún estamos lejos de poder llegar a la línea de meta en 2020. La conferencia nacional Passivhaus que celebramos durante el pasado mes de noviembre en Pamplona culminó con la firma de más de 40 entidades públicas por la introducción del estándar Passivhaus en sus políticas locales.
Pero aún queda una parte importante del sector de carácter muy inmovilista que no avanzará mientras no sea un requerimiento de obligado cumplimiento. Bajo nuestro criterio, y el de la propia directiva europea, el papel ejemplarizante de la Administración es fundamental para cumplir los objetivos. El primer paso: legislar. Y hay que hacerlo ya. 2018 está a la vuelta de la esquina.
Después habrá de ocuparse de otras áreas, como introducir el concepto de coste de ciclo de vida del edificio en las administraciones públicas y conseguir mayor financiación de cara a la edificación energéticamente eficiente, especialmente en los ayuntamientos.
Adelina Uriarte, presidente de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP)
