La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, según sus siglas en inglés) acusa a Fiat Chrysler de trucar 104.000 vehículos diésel para camuflar sus emisiones contaminantes.
Es inevitable establecer paralelismo con el escándalo que la EPA destapó en 2015 y que afectó a los motores de gasóleo de Volkswagen (VW). Con todo, aunque el proceso está en sus inicios, es cierto que ya muestra diferencias. La más importante radica en que Fiat Chrysler niega las acusaciones, mientras que VW reconoció desde el inicio un fraude que, esta misma semana, le supuso una multa de 4.300 millones y la imputación de seis exdirectivos.
Además, el total de vehículos trucados de la firma alemana asciende a 600.000 sólo en EEUU, mientras que, en el caso de la italoamericana, se reduce en principio a poco más de 100.000. Ahora bien, no puede minusvalorarse el alcance del nuevo escándalo. Todo apunta a que el mercado estadounidense, que ahora sólo absorbe el 5 por ciento de los diésel producidos en el mundo, se cerrará a este tipo de propulsores y truncará las expectativas de crecimiento de los fabricantes.
La situación no es más fácil a este lado del Atlántico. En 2015, entró en vigor la normativa Euro 6 que redujo a la mitad, con respecto a la anterior disposición, el nivel de emisiones permitido para los automóviles alimentados por gasóleo. El sector se ha afanado por adaptarse a tan exigente ley, pero el descrédito en que los escándalos sumen a los diésel de marcas tan conocidas como VW y Fiat Chrysler permite prever aún mayores restricciones para estos propulsores. El diésel, por tanto, encaja un nuevo golpe que, a la larga, puede hacer que los fabricantes tengan que aparcarlo, y centrar sus esfuerzos en el desarrollo de motores híbridos y eléctricos.