En los últimos meses muchas pymes se han llevado la sorpresa de que su banco ha dejado de aceptarles los ficheros para hacer pagos y cobros que les habían aceptado durante años. En realidad deberían haberlo hecho bastante antes, pero, la permisividad de una parte, y no tener claros los beneficios de incorporar los nuevos formatos por la otra, ha provocado que este proceso se haya dilatado en exceso.
El despliegue de la Zona Única de Pagos en Europa (SEPA por sus siglas en inglés) comenzó en 2014. El objetivo que se fijaron entonces las instituciones europeas consistía en unificar los pagos y cobros en los países de la UE y de su entorno. Aunque el proceso de migración del sistema nacional al comunitario debería haber finalizado en febrero de 2016, todavía está dando sus últimos coletazos. Esto se debe a que la implantación de la normativa europea por los bancos ha sido más lenta de lo esperado. Aunque quizás, la razón principal del retraso resida en que nadie haya transmitido a las pymes las ventajas de adoptar los nuevos formatos, por lo que para muchas SEPA es sinónimo de problemas.
La integración de la zona SEPA facilita las operaciones bancarias dentro de los estados miembros, pero ¿es un motivo suficiente para que una pequeña empresa española, que principalmente opera dentro de nuestras fronteras, se tome la molestia de acometer una laboriosa adaptación? Obviamente no. ¿Por qué debería hacerlo entonces? Pues porque asumir la normativa le va a permitir automatizar muchos de sus procesos financieros que en la actualidad les supone un importante esfuerzo en recursos humanos. Con la ayuda de sus propias innovaciones o de la mano de las soluciones fintech podrá agilizar la gestión bancaria y ahorrar tiempo en tramitar sus transferencias y recibos domiciliados, así como en la conciliación bancaria y en la gestión de impagados. Adaptarse requiere un sacrificio, sí, pero también aporta grandes beneficios.
No hay que obviar que, por primera vez, las normas en los pagos y los cobros no proceden de los propios bancos, sino de un organismo independiente creado en el seno de las instituciones europeas, el European Payments Council (EPC), que vela por los intereses de pymes y consumidores. Y a contrapié cogió a las empresas españolas la nueva tanda de variaciones que el EPC introdujo a finales de noviembre de 2016 en la normativa SEPA. Un momento en el que, según las estimaciones de Besepa, el 40% de nuestras pymes no había incorporado el grueso de las disposiciones anteriores. Y, por consiguiente, no podían aprovecharse de sus ventajas.
En lo que se refiere a domiciliación de recibos, estos cambios vienen a confirmar la madurez del proceso de integración, pues están dirigidos a simplificar los procesos así como acortar los plazos en los cobros. Por ejemplo, una empresa española que exporte sus productos a Alemania, va a poder acortar de siete a uno los días en ver abonado en su cuenta el importe de la venta. Además, disminuirá el plazo de riesgo por devoluciones, pues el tiempo que tiene el cliente para devolver un cargo desde que lo generamos pasa de los 63 días a los 57. ¡Casi un 10%!
Pero si las pymes no se ponen al día con la normativa, no solo no obtendrán estos beneficios, sino que además se exponen a incurrir en problemas al trabajar con versiones antiguas que ineludiblemente dejarán de ser válidas. No hay que olvidar que los cambios de noviembre no serán los últimos, sino que el EPC tiene previstas dos revisiones al año, también este 2017, en el camino hacia la equiparación de los sistemas de pago de los distintos países de la zona SEPA y en su afán de hacerlos más ágiles, eficientes y seguros. Para entonces, esperamos encontrar a nuestras pequeñas y medianas empresas en mejor posición.
