De nuevo el Gobierno, con la connivencia, apelación y aplauso del resto de grupos parlamentarios, opta por la subida de impuestos para resolver los problemas de déficit y deuda pública que lastran nuestra economía, desechando o despreciando la reducción de gastos, el tamaño de lo político y su intromisión en nuestras vidas, haciendas o decisiones.
Lamentablemente, diría que mayoritario a raíz de algunos resultados de la encuesta Retos a la democracia y el espacio público en España y Europa (Funcas), parece haber un pacto entre los políticos para aumentar sus gastos y lo que extraen de las personas, a costa de la libertad de éstas, que aceptan con normalidad las continuas y crecientes extralimitaciones que las Administraciones, el Estado, perpetran más allá de sus funciones; pues, al parecer, todas le corresponden. El acuerdo es total y pleno. No excluye tendencia o grupo político y entraña actitudes fingidas o farsantes, como la de proponer y presionar, para contentar a la galería, aumentos de gastos y partidas, acabar con recortes y nunca admitir reducciones netas del gasto público, al mismo tiempo que se acusa al ministro de Hacienda, quien tampoco ejecuta con disgusto su actual política presupuestaria, de subir impuestos al menor descuido ciudadano o se asegura no querer "machacar" a la clase media.
No analizaré los efectos negativos que las nuevas subidas impositivas, pero sí propongo seguir desvelando algunas patrañas y confusiones económicas que tienen amplio eco y, posiblemente por ello, plena aceptación en la opinión de muchas personas que, además, las emplean como credencial de política económica nociva. Sin pensar mal, ni excluir eventualidades, lo cierto es que la semana previa al 2 de diciembre, día en que el Consejo de Ministros aprobó otra "patada adelante" en lugar de las reformas (de gasto y fiscales) que necesita nuestra economía, los medios divulgaron y analizaron profusamente la noticia de que nuestra presión fiscal es de las más bajas de la UE y la OCDE, dando a entender que todavía hay un recorrido, más o menos largo según tendencias, para subir impuestos. Pues bien, tal conclusión es simple, burda y falaz, ya que la presión fiscal no denota nada salvo la capacidad, si acaso la eficacia, con que las autoridades logran detraer o quitar recursos a sus ciudadanos. Y es que, una vez más, no deben confundirse presión y esfuerzo fiscal.
La presión fiscal se obtiene, como porcentaje, de dividir la recaudación tributaria (incluye impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la Seguridad Social) entre el PIB y puede disminuir, sin que la recaudación o ingresos fiscales mermen, por un simple aumento del divisor. Además, en un ejercicio dado, podría repartirse una misma factura fiscal total entre menos individuos sin que la presión fiscal se alterase, por lo que el dato poco o nada dice de si los ciudadanos están o no crujidos por su gobierno o la distribución de la carga. Algo más nos dice al respecto el esfuerzo fiscal, que mide el peso de los impuestos sobre la renta per cápita de los ciudadanos, es decir, el porcentaje de las ganancias o rentas que destinan a pagar al fisco, y se calcula dividiendo la presión fiscal entre la renta nacional per cápita y multiplicando por 1.000. Dado que nuestro sistema fiscal global es muy injusto; discriminatorio entre las fuentes de renta (capital o trabajo) o los bienes y servicios (IVA); en exceso progresivo (porque vende políticamente) y gravoso; enormemente ineficiente y dañino para la actividad económica en general. Tal vez habría que cuidar o matizar más la idea que alimenta que pagamos pocos impuestos; que nuestra presión fiscal (34,6%) es de las más bajas de Europa (la media de la eurozona es el 41,4%); que está por debajo de la media de la OCDE (34,2% en 2015), cuando somos el país inmediatamente siguiente a dicha media (33,8%); o lamentar que nuestra presión fiscal se encuentre por debajo de la de 2007 (36,5%). Ya que no es porque nuestros tipos de gravamen sean bajos o las bases sobre las que se aplican enormemente elevadas. Por cierto, la presión fiscal en Suiza es bastante menor.
Es sobradamente conocido que el asalariado español medio (24.400 euros brutos al año) dedica aproximadamente la mitad de su nómina real a pagar al fisco (sin incluir especiales, tasas municipales o IBI): la denominada "liberación fiscal" se produce transcurridos 180 días del año. En esfuerzo fiscal estamos por encima de la media de la OCDE y superamos por bastante a Suecia, Islandia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Japón, entre otros. Los políticos no sólo ignoran los gastos a la hora de resolver los problemas de cuentas públicas en que nos meten. Es que ni siquiera parecen capaces de corregir nuestro perjudicial sistema de ingresos y siempre tiran por lo fácil: subir impuestos.
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