La que se suele denominar "revolución keynesiana", o quizá de modo más riguroso, "revolución macroeconómica", que surge con fuerza nada más concluir la II Guerra Mundial en alianza con la denominada "economía del bienestar", ha provocado un forzoso replanteamiento de nuestra política económica. En primer lugar es absolutamente preciso que prosiga la apertura exterior de la economía española, un proceso cada vez más ampliado a partir del Plan de Estabilización de 1959. Ello obliga a conseguir, en todos los aspectos, tener menos fronteras con Europa. Naturalmente que ello exige eliminar situaciones, como las de Gibraltar y su capacidad financiera perturbadora, y desde luego no solo frenar el impacto del Brexit, sino consolidar más aún el área de la proyección de la UE, tanto hacia el Báltico como hacia el Este.
Por ejemplo, los datos que se tienen de Bielorrusia, ¿no impulsan en ese sentido? Este país ha tenido un incremento anual medio en el periodo 2005-2015, de nada menos que una tasa del 5,2%, según una estimación de Catherine Gospodurik y Mikhail Kovalev, en su artículo Integration of integrations: growth synergy of the EU and the EAEU, contenida en el libro de Jaime Gil Aluja et al. ¿Hacia dónde va la ciencia económica? (Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 2016). Y esto obliga a tener unos altos niveles educativos e investigadores en todos los aspectos.
La divulgación del texto de la conferencia de Daniel Zajfman, The global impact of basic research. The model of Weizmann Institute, que aparece en Revista de Ciencias y Humanidades de la Fundación Ramón Areces, junio 2016, nº 15, págs. 15-29, aclara muy bien esto. Y complétese con el último avance tecnológico ocurrido en la Revolución Industrial, la revolución digital. Sin ir más lejos lo que sobre ella se consigna en el número monográfico sobre esa cuestión en la Revista del Instituto de Estudios Económicos, 2016, nº 1 y 2. Esta vez no puede España permitirse perder esos cambios que facilitan mantener la apertura.
La exigencia segunda procede de lo que sucede con el mercado laboral en relación con el mundo sindical. La minimanifestación celebrada por las centrales sindicales de mayor afiliación en Madrid el 18 de diciembre de 2016 supongo que supone ignorancia colosal por parte de sus dirigentes, no ya de cuestiones que nadie discute en economía, sino de búsqueda de inmediato atractivo para la dirección de sus organizaciones respectivas. Se olvidan de ese postulado que en España se probaba una y otra vez, y que de modo clarísimo se ha visto a lo largo de la Transición: medidas aparentemente muy favorables para los trabajadores y, en general, para quienes perciben menos renta, si no se desarrollan del modo como señala la ciencia económica, se convierten, de avances en el bienestar, en auténticas coronas de espinas para todos, y desde luego precisamente más hirientes para quienes tienen menos ingresos. Eso aparte de crear una tensión social creciente, que acaba por manifestarse, por ejemplo, en la estadística de conflictos colectivos.
Recuérdese que no se ahorraron en Gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Felipe González. Añádase que ignorando datos, índices de Gini, trabajos de Weil y la abundante literatura existente sobre la desigualdad de las rentas, han abundado las falacias demagógicas, y que culminaron varias veces: cuando el Partido Socialista Popular de Tierno Galván bloqueó la flexibilización laboral del proyecto de Pacto de La Moncloa de Fuentes Quintana y cuando Felipe González anunció en El País el 6 de junio de 1982 la ruptura del Acuerdo Nacional de Empleo. En 1982, la tasa porcentual del paro era el 16,6%; en 1995, último año completo de Gobierno de González, el porcentaje de desempleo era de del 22,8.
No deja de ser significativo que en 2003, al llegar la Administración de Rodríguez Zapatero, la tasa de paro había descendido al 11,1. ¿Y para qué voy a hablar del caos en este sentido organizado por ese presidente? El tercer objetivo es el de mantener cohesionado el mercado interior español. En este sentido hay que añadir que, geográfica (y no políticamente, por supuesto) se ha ampliado y cohesionado en el conjunto de la Península y, tras 1986 de modo creciente, el mercado peninsular mereció a ambos lados de la frontera el nombre de Unión Ibérica.
Los intentos de secesión de Cataluña que, por supuesto, en lo económico, son un disparate (y no digamos en otro sentido) contrastan con el impulso hacia el enlace de la economía española y la lusitana, y dan la impresión de que se intenta corregir a Castilla, cuando en la herencia de Enrique IV se decidió que la heredera fuese su hermana Isabel, que enlazaba matrimonial y políticamente Castilla con Aragón, y no su hija Juana, que murió en Lisboa titulándose reina de Castilla en el siglo XVI.
En el XXI, y en otro ámbito muy diferente, parece culminar aquel intento. Pero dejando aparte excursiones históricas, el riesgo de expulsión de la UE de Cataluña y la pérdida del mercado del resto de España se une al daño en todos los sentidos, y también en el económico, que España sufriría con esa exclusión. Pero al nacer, por un lado, movimientos de este tipo en el País Vasco, en Canarias, en Mallorca, en Valencia, en Galicia, el problema se incrementa. Y desde luego, gran parte de este daño se debe a una equivocación colosal del entonces ministro de Educación, Otero Novas, cuando no puso dificultades para la transferencia de la Enseñanza a las autonomías, abandonando esa centralización en los planes educativos que tan bien le ha venido a la eliminación de tendencias separatistas significativas a Francia.
Todo ese clima de pensamiento sentimental, con raíces románticas decimonónicas bien conocidas, tiene ahora consecuencias económicas de ruptura de los mercados nacionales, y afecta a España. Se agrava porque las autonomías amplían los déficit del sector público mucho más que las economías centralizadas. Además en España han complicado los mecanismos intervencionistas existentes que perturban el mercado, que crean además situaciones de economía clientelar que frenan el desarrollo, como señalé en mi colaboración publicada en elEconomista el pasado 13 de diciembre, y que se remonta, por ejemplo, al asunto del Banco de Barcelona y sus consecuencias, después tan criticadas, por ejemplo por Flores de Lemus, como señala en su Diari Cambó, con el fruto de una Ley de Ordenación Bancaria perturbadora, como evidenció Olariaga, y que da la impresión de que el profesor Juan Muñoz ha mostrado su reciente renacimiento.
Y a todo ello se une una ampliación notable de las empresas públicas deficitarias y de otros gastos excesivos. He ahí, en el campo autonómico, otra cuestión pendiente. Nuestro sector fiscal no es, ni mucho menos, perfecto. Ciertos aspectos de irritación popular crecen ante él y semejan lo sucedido en los siglos XIX y XX con el odiado impuesto de consumos. A corto plazo carece de sentido iniciar reforma alguna, ante el riesgo de alterar la solución del colosal déficit creado por el Gobierno Zapatero, como destacó antes que nadie ese gran maestro en el terreno de la ciencia de la Hacienda que es el profesor Lagares.
Añadamos, como final de estos retos, lo que supone el conjunto del Estado del Bienestar, esa creación de conservadores (desde Bismarck a Cánovas del Castillo), del krausismo español, de derivaciones del socialismo, de búsqueda de soluciones en las tesis de Keynes, de los planteamientos que enlazan con el corporativismo social de la Iglesia, con los consejos de la OIT, y de las ventajas obligadas en el campo de la educación, en el de la sanidad, y en el de la protección de la familia y de los ancianos.
Y un último apartado, pero que puede ser vital tras lo que sucede en las costas orientales y meridionales del Mediterráneo con un planteamiento medieval del pensamiento mahometano, que obliga a España a aliarse con el resto del mundo occidental, como sucedía con los reyes asturianos y Carlomagno, o en las Cruzadas, y que en lo económico exige disponer de un gasto en atenciones bélicas importante y obligado. Los economistas debemos estar vigilantes ante esto, porque las tentaciones en pro de esquivar problemas, surgen una y otra vez, en nombre de una pincelada social.
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