A lo largo de mi vida, y especialmente desde 1975, he visto a la ciudadanía española raptada y seducida por palabras nobles llenas de épica, nostalgia de futuro y confiada ilusión en un cambio para la nunca cambiada España.
Democracia, Libertades, Justicia, Europa, etc., son los jalones de una singladura de decepciones. Sobre todo a causa de la cansina y propagandística repetición de las mismas en claro contraste con la nula concreción de sus contenidos.
Ahora, en los medios y en las declaraciones políticas, hay una referencia casi obligada por las fechas, pero también porque evidencia la necesidad de un debate que nunca se tuvo: la Constitución de 1978 y su hipotética reforma. Creo que los partidarios del cambio constitucional, tendrían que evitar tropezar en la misma piedra en la que tropezaron sus ingenuos mayores. Y en consecuencia deberían hacer reflexionar a la ciudadanía mediante un lenguaje didáctico y directo sobre alguna que otra cuestión previa al debate sobre una nueva constitución.
¿Creen los ciudadanos que el texto constitucional se cumple y respeta por los poderes públicos? ¿Es compatible la Constitución de 1978 con la política económica y social de la UE? Tanto en una respuesta afirmativa como en una negativa, los partidarios del cambio están obligados a exponer con precisión y rigor los contenidos de su propuesta a los grupos sociales y las posiciones intelectuales que se beneficiarían de la misma.
Lo que nunca debe hacerse es desligar una propuesta de reforma constitucional de los intereses económicos, sociales, políticos y culturales de la mayoría. Una Constitución es un marco legal para todos pero desde unos intereses concretos. No podemos entrar en una discusión sobre la Constitución Formal (el texto) sin construir la Constitución Material (la fuerza social que la impulsa). De no ser así volveremos a estar todos inmersos en un totum revolutum de ecos sin voz alguna. Las leyes no crean la realidad, simplemente la traducen.
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