Las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros del viernes 2 de diciembre relacionadas con determinados impuestos, salario mínimo interprofesional y las bases de cotización de la Seguridad Social se explican básicamente por tres factores: la necesidad de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria que establece Bruselas, el nuevo escenario político, que define un marco en el que la negociación adquiere una relevancia creciente y la necesidad de hacer frente a problemas estructurales de sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social.
Limitar determinadas deducciones o la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores son, entre otras, medidas que pueden contribuir a acercar los tipos efectivos a los tipos nominales y, por otro lado, pueden ayudar a reducir el grado de confusión que en ocasiones caracteriza a nuestros impuestos directos donde se han ido acumulando deducciones que no contribuyen precisamente a un sistema transparente y fácilmente interpretable. Sin embargo, es evidente que el gran objetivo intermedio es recaudatorio y el objetivo final es disminuir el porcentaje que nuestro déficit público representa respecto al PIB en 2017, para aproximarlo al 3 por ciento.
La finalidad de incrementar los ingresos tributarios es más clara, si cabe, en el caso del aumento de los tipos al alcohol, el tabaco y el nuevo impuesto para las bebidas azucaradas. Es cierto que los tipos en España para esta clase de productos son inferiores a la media de nuestro entorno y que detrás del aumento de tipos puede subyacer un cierto objetivo de proteger la salud pública de los ciudadanos, pero la experiencia nos muestra que los incrementos de tipos y la creación de nuevos impuestos van, casi siempre, asociadas a la necesidad de generar más ingresos.
Sin lugar a dudas, aumentar tipos o crear nuevos impuestos puede ser la solución más evidente para incrementar la recaudación a corto plazo, pero no deberíamos olvidar que el círculo virtuoso sólo se obtiene a través de una mejoría de la actividad económica y, en definitiva, de las bases de tributación en un contexto adicional de lucha contra el fraude en el que se enmarcan las medidas para limitar los pagos en efectivo. España está creciendo a tasas que ya las querrían los países de nuestro entorno y las perspectivas para 2017 siguen siendo positivas. A esto hay que añadir una coyuntura de tipos de interés casi negativos y unos precios energéticos que han sido muy moderados. Resulta, por lo tanto, especialmente preocupante que a pesar de estos elementos favorables, nuestra economía se haya situado en niveles de déficit claramente por encima de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Al final, y entendiendo las dificultades de gestionar el Presupuesto Público, todas las medidas que no vayan a la raíz de los problemas supondrán soluciones transitorias.
En este sentido, no cabe duda de que la situación de la Seguridad Social y de nuestro sistema de pensiones constituye uno de los principales problemas estructurales de nuestro país siendo, de hecho, un sudoku de muy difícil resolución. Aumentar las bases de cotización, como ya se hizo en los dos años anteriores, permite tender a la regularización de una situación que dista de ser la adecuada. El problema es que la dimensión del problema es de tal magnitud que son medidas que, de nuevo, siguen sin ir a la raíz de las cuestiones. Al final, hablamos de aproximadamente más de un millón y medio de personas que se pueden ver afectadas por este incremento, que no lleva aparejado el aumento de las pensiones, siendo el tema clave quién va a acabar pagando esas mayores cotizaciones, porque en economía, si hay algo claro, es que todo impuesto que se puede trasladar se acaba trasladando. El aumento de las cotizaciones que en su gran mayoría van a asumir las empresas supondrá, por tanto, una rémora para la competitividad de nuestras empresas al aumentar los costes laborales.
Finalmente, en el nuevo escenario político en el que el poder se encuentra mucho más fragmentado, la subida de un 8 por ciento del salario mínimo interprofesional hay que interpretarlo en gran medida como la contraprestación al techo de gasto que se ha acabado decidiendo. Es una medida que se estima puede afectar teóricamente a casi un tercio de la población empleada, por lo que puede tener un impacto sobre el consumo relevante, aunque de nuevo implicará unos mayores costes laborales.
En resumen, las medidas adoptadas, siendo relevantes, no pueden por sí mismas solucionar las cuestiones estructurales, estratégicas y en definitiva de largo plazo que afectan a nuestras cuentas públicas y, especialmente, a nuestro sistema de pensiones. Si de verdad hemos interiorizado que estamos ante una nueva era de negociación, el caso práctico donde aplicarlo nos lo han puesto en bandeja.
