El presente año terminará dejando en las arcas públicas una recaudación histórica: 184.500 millones, la segunda cifra más alta de la serie histórica. Resulta una paradoja que Sociedades sea, en gran parte, el artífice. El tributo que grava los beneficios empresariales hizo saltar las alarmas en 2016 con desplomes de hasta el 80% en su rendimiento; la situación, sin embargo, cambió a final de año.
Para posibilitar tan radical viraje, fue necesario improvisar la recuperación de los tipos mínimos en los pagos fraccionados de Sociedades (el equivalente a las retenciones en nómina del IRPF) que la reforma fiscal había eliminado hace un año; además, se elevó la cuantía de esos adelantos.
En otras palabras, se demandó un esfuerzo excepcional, e inesperado, a las empresas que facturan más de 10 millones. Es cierto que estas últimas podían confiar en un alivio fiscal futuro. Los pagos fraccionados son adelantos que se pueden compensar con las devoluciones de Hacienda en años posteriores.
El panorama, sin embargo, se ha ensombrecido con los pasos que dio el Consejo de Ministros la semana pasada. Las grandes empresas se enfrentarán a un alza del tipo efectivo de Sociedades, por causa de la limitación de muchas de sus deducciones. Como resultado, este gravamen aportará el 60% del alza tributaria total de casi 6.000 millones con la que el Gobierno espera reducir el déficit al 3,1%.
El Ejecutivo opta así por seguir exprimiendo Sociedades con la excusa de que sólo afecta a las grandes sociedades, pero lo cierto es que hay miles de sociedades de tamaño mediano con más de 10 millones de ventas que serán víctimas de la tributación, a lo que se suma un alza de cotizaciones sociales que amenaza con incrementarse más.
