En los últimos 20 años, el peso de la Industria en el conjunto del PIB español ha caído unos cinco puntos porcentuales, pasando de representar casi el 20% en 1995, a poco más del 15, en 2014. En paralelo, el empleo industrial se ha reducido hasta suponer en 2014 un 13,7% del total, cuando en 2006 superaba el 16%, y muy lejos de las cifras registradas en los 70 cuando la Industria llegó a emplear al 34% de los trabajadores.
Esta evolución en España se enmarca en una tendencia en la UE-28 donde el empleo industrial ha caído casi tres puntos porcentuales en los últimos ocho años. En Europa, la Industria supone hoy el 15% de la producción y ocupa a 35 millones de europeos, cinco millones menos que hace una década. En muchos países europeos, entre ellos España, durante la expansión económica que acabó en 2007, se extendió la idea de que era posible mantener la potencia industrial, trasladando a países más competitivos en costes una parte importante de la producción. Ese planteamiento que se ha demostrado devastador, derivó en una falta de incentivos y de políticas de fomento de la industria de los que el mejor exponente es aquel malhadado lema de que la mejor política industrial es la que no existe.
Muy al contrario, la falta de política industrial ha derivado en el traslado de la actividad industrial a países emergentes que han sabido valorar y aprovechar la oportunidad que les ofrecía el desinterés de las economías europeas por su Industria. Esos países asimilaron conocimientos que les trasladaban economías más maduras, crearon sus propias estructuras industriales, formaron profesionales, extendieron redes comerciales y crearon un ecosistema industrial que actualmente les permite competir con éxito.
Sin embargo, en los países "exportadores de industria", entre ellos en España, se ha perdido cantidad y calidad de producción, y capacidades para desarrollar y diseñar nuevos productos y servicios. Se ha reducido su capital industrial, material y humano y el nivel y la calidad del empleo, provocando una caída de la competitividad global. Este proceso supuso en Europa un traslado de inversión y empleo industrial a actividades de menor valor añadido y resistencia ante a los ciclos, con la consecuencia de que franjas importantes de población, antes ocupadas en la Industria e instaladas en el bienestar de las clases medias, han visto rebajados sus salarios y amenazados sus empleos.
Esta deriva es una preocupación nuclear en toda Europa y existe un consenso amplio sobre la necesidad de que la Industria siga siendo el motor de la economía, su seña de identidad y su garantía . Un consenso que desemboca en el plan de recuperar en 2020 la cifra del 20% del peso de la actividad industrial en el PIB.
En España, hemos asistido a campañas electorales en las que los partidos proponían respuestas a algunas de las cuestiones que mayores incertidumbres proyectan sobre el futuro en términos de progreso económico y social. El empleo estable y bien remunerado, la competitividad externa e interna, la innovación, la viabilidad de nuestro modelo de protección social o la sostenibilidad medioambiental, están centrando el debate político y generando propuestas con muy distintos grados de fundamento y de posibilidades de ser aplicadas con éxito. Pero en todas las propuestas, explícita o implícitamente y más o menos consciente y deliberadamente, está la actividad industrial porque no existen posibilidades reales de responder correcta y eficazmente a las actuales incertidumbres sin la Industria.
Todas las respuestas pasan por la Industria, seguramente porque ella es la respuesta. Sólo una Industria fuerte, productiva y competitiva permitirá mantener la prosperidad y el Estado del Bienestar, preservando el medio ambiente a través de la innovación y con empleo cualificado y estable.
La reindustrialización es hoy el primer reto económico de nuestro país y la mejor arma contra el paro estructural que sufrimos. Pero reindustrializar no es tarea fácil: exige políticas de Estado que permitan derribar las trabas y obstáculos que rebajan el atractivo a la inversión industrial y lastran su desarrollo.
Los problemas de financiación de las empresas industriales españolas, muchas de ellas con un tamaño reducido, las dificultades para la formación y la cualificación de los trabajadores, la insuficiente inversión en innovación, los obstáculos a la salida al exterior, la fragmentación del mercado interior, las poco competitivas tarifas energéticas o la actual estructura de costes, son algunas de esas trabas.
La Industria, para ser competitiva, ha de tener una elevada productividad lo que exige excelentes infraestructuras, sofisticados bienes de equipo y un personal muy bien formado para aprovecharlos y hacerlos eficientes y rentables. Pero, sobre todo, necesita la voluntad y el esfuerzo del conjunto de la sociedad y de las administraciones. Se trata de contraer un compromiso global con la Industria, que es tanto como decir un compromiso con el progreso y el bienestar social. En una coyuntura económica que se aleja de la recesión pero exige todavía actuar para consolidar lo conseguido, desde la Industria es el momento de insistir en que no se puede abandonar el camino de las reformas, el único que garantizará en el futuro un crecimiento sólido y sostenido.
En política económica, la Industria necesita inversión en infraestructuras productivas, estímulos a la demanda y al consumo de bienes industriales, mejorar la financiación de las empresas y actuar contra la morosidad, apoyar la internacionalización y trabajar por la simplificación administrativa y la unidad de mercado. En materia fiscal, se ha de combatir el fraude, coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, reducir el Impuesto sobre Sociedades, muy especialmente para las pymes que constituyen el núcleo de la Industria, aumentar la flexibilidad de amortización de inversiones y poder compensar los tributos con las deudas de la Administración.
En el ámbito laboral, es necesario flexibilizar y simplificar los sistemas de contratación, reducir las cotizaciones sociales empresariales, modernizar el sistema de negociación colectiva y reforzar el papel de los agentes sociales, potenciar el papel de las empresas en la formación profesional para el empleo, establecer un sistema eficiente de formación continua utilizando correctamente el 0,6% que aportan las empresas y poner coto al absentismo laboral. Las empresas industriales necesitan un suministro de energía competitivo y seguro, modernizar infraestructuras y redes, mejorar las interconexiones internacionales eléctrica y gasista, la definición de un mix de generación equilibrado y generar eficiencia en el mercado y estabilidad en el sistema.
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