El Artículo 92 de la Constitución Española (Capítulo Segundo. Título III. 'De las Cortes Generales') estipula que las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
No obstante, el referéndum debe ser convocado por el Rey, mediante una propuesta instada por el Presidente del Gobierno y previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En consecuencia, la celebración de un referéndum en España está supeditada a la autorización del parlamento.
Teniendo presente lo anterior y entrando en el terreno de la "política ficción", en el hipotético caso que en España se celebrara un referéndum sobre la conveniencia de mantener nuestro actual modelo de Estado, es decir, el sistema autonómico, es probable que el resultado fuera eliminar nuestras corruptas y económicamente insostenibles autonomías.
Dado que las comunidades autónomas representan el hándicap político del que emanan todos los demás problemas económicos, sociales y territoriales que tiene en la actualidad España.
La gran mentira del 'Régimen del 78'
Nuestra casta política ha transmitido a la sociedad, de modo oficial y desde hace más de tres décadas, un discurso fundamentado en las supuestas bondades sociales, políticas y económicas que las comunidades autónomas aportan a España.
Este mensaje político ha sido asumido de forma interesada por la mayoría de los principales directivos empresariales españoles. Tanto en cuanto, las multinacionales españolas de referencia, sobre todo, pertenecientes a determinados sectores, tales como el energético, han sido favorecidas constantemente por lo distintos gobiernos de nuestra pseudo democracia.
Del mismo modo, multitud de medios de comunicación subvencionados se han encargado de promocionar el citado "mantra" en cada una de las 17 autonomías.
Por tanto, el "establishment español", en otras palabras, las cúpulas dirigentes a nivel político, empresarial y mediático han desarrollado de manera hermética una estrategia común, consistente en ocultar a los ciudadanos las múltiples deficiencias del sistema autonómico.
Además, la "dictadura de lo políticamente correcto", instaurada en España por el desgobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero y que desgraciadamente sigue vigente en la actualidad, ha permitido blindar cualquier dogma procedente del poder establecido.
Puesto que, determinados lobbies se han encargado de amordazar a los periodistas, empresarios, librepensadores, etc., disidentes... Y con ello, también se ha conseguido silenciar cualquier debate que ose cuestionar la conveniencia de mantener las comunidades autónomas.
De hecho, la mayor parte de las formaciones políticas, think tanks, medios de comunicación, etc., no plantean a los españoles ninguna alternativa político económica que pueda, al menos, mejorar la eficiencia del modelo autonómico (en forma de reducción drástica tanto de las duplicidades y triplicidades administrativas como del deficitario sector público empresarial).
Incompatible con la sostenibilidad
Aunque, una gran parte de la sociedad española es consciente del daño que esta gran farsa ha producido a nuestra gran nación. A ello se debe que nuestro modelo de Estado goce cada vez de menor apoyo popular.
Tanto en cuanto, el injusto Estado de las autonomías ha consolidado sus dos vertientes: se ha convertido en el "Estado del bienestar de los políticos", mientras de manera paralela ha sido el causante de potenciar la gran crisis en la que todavía está sumida España.
No olvidemos, por ejemplo, que el modelo social de las extintas cajas de ahorros lo liquidaron los políticos y sindicalistas autonómicos. O que las decenas de miles de millones de euros que se despilfarran anualmente en las comunidades autónomas han provocado una asfixia fiscal sin precedentes, un déficit incontrolable, una deuda pública impagable, un desempleo estructural, la insostenibilidad tanto de nuestro sistema de pensiones como de la sanidad, etc.
Tal como suele afirmar Vargas Llosa, "el desarrollo de un país no depende de sus recursos naturales, de su ubicación geográfica, etc., sino de las políticas que lleven a cabo sus gobiernos".
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