Espero que el alarmismo suscitado la semana pasada con el tema de las pensiones, esta vez no caiga en saco roto, porque es muy urgente que los políticos se pongan a ello cuanto antes, ya que la hucha de las pensiones ha pasado de 66.816 millones en 2011, a 24.207 millones en la actualidad y la propia Seguridad Social estima que los afiliados crecerán en 2016 a un ritmo del 2,8%, mientras que la recaudación crecerá sólo un 1,9%.
Los Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas venimos haciendo un esfuerzo importante desde hace bastante tiempo, insistiendo en la importancia de que nuestros gobernantes se pongan cuanto antes a trabajar en lo que podemos calificar como "la revisión del Pacto de Toledo" y a esta misma conclusión llegaron todos los representantes de las distintas fuerzas políticas que participaron en la mesa redonda de la jornada que organizamos, desde EAL-CGE, en Madrid el pasado mes de marzo. Su opinión fue unánime al urgir la revisión del Pacto de Toledo, porque hablamos de un compromiso político que debe de ser consensuado por todos los partidos.
Nos jugamos el bienestar futuro de nuestros jubilados, de todos los que hoy cotizamos con el objetivo de poder recibir mañana una pensión acorde con lo cotizado durante toda la vida laboral.
A día de hoy, las pensiones de jubilación por norma general, pues ya sabemos que hay excepciones, suponen un 80% del último salario percibido antes de la jubilación. De esta forma podríamos concluir con que no está tan mal, pero todos los cálculos y estimaciones que se realizan al respecto, en un horizonte de 25-30 años, nos auguran un escenario tremendamente dramático, ya que establecen pensiones con un recorte del 50%.
Si profundizamos un poco más, la situación incluso empeora. Todos conocemos las disposiciones que la Tesorería General de la Seguridad Social ha tenido que realizar de la famosa caja de las pensiones, para poder atender los desequilibrios que el sistema sufre, la última disposición para poder pagar la extra del pasado mes de julio.
Al margen de que el debate de la caja de las pensiones me parece inútil, pues para eso están los excedentes generados en épocas de bonanza, en donde los ingresos por cotizaciones superaban el pago de las prestaciones. Lo que sí resulta evidente es que hay un problema de déficit galopante, que además se están pagando con cargo al sistema las pensiones no contributivas, y que llevamos esperando una reforma profunda que no se da por iniciada, tan siquiera.
Para ilustrar todo esto, podemos analizar algunas cifras significativas. El 66% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros. Sólo un 0,32% de los pensionistas cobran la cuantía máxima, fijada en 2.567 euros para 2016. El 20,7% de los pensionistas cobra entre 600 y 650 euros. La Seguridad Social ha destinado al pago de pensiones contributivas, el mes de agosto, 8.534 millones de euros, un 3,2% más que en 2015. El sistema ha de hacer frente al pago de 9,4 millones de pensiones cada mes.
Así pues, con todos estos datos sólo queda por ver qué podemos hacer para tratar de buscar alguna solución. Por ello voy a recordar alguna de las reflexiones que nos expuso Rafael Domenech, economista jefe del BBVA Research, en el foro organizado por el EAL-CGE en Madrid.
Entre sus propuestas señaló, en primer lugar, la de eliminar bonificaciones y sustituirlas por otras alternativas para crear más y mejor empleo. En segundo lugar, hay que tratar de hacer converger los regímenes especiales con el régimen general. En tercer lugar, reforzar la lucha contra el fraude. Sin olvidar su recomendación de sustituir cotizaciones por impuestos indirectos, que se permita compatibilizar pensión y trabajo y por último realizar reformas estructurales para aumentar el empleo y la productividad y que sirvan para atraer capital humano.
Además, también quiero recordar que tenemos otros tres problemas que agudizan la situación; primero, la tasa de natalidad, que en algunas zonas del país, como en Galicia, está por debajo de la tasa de mortalidad; y si tenemos en cuenta la explosión demográfica de los años 70, nos vamos a encontrar en el plazo de 15 años con una población muy envejecida de beneficiarios de prestaciones sociales, y en el lado opuesto, con muy pocos cotizantes, como consecuencia de las tasas de natalidad de los últimos años.
El segundo problema es el de la tardanza en la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes, lo que supone un doble inconveniente: por un lado, su retraso como cotizantes en el sistema y por otro que están recortando sus años de cotización.
En tercer lugar, nos encontramos con que el aumento de la esperanza de vida de la población española supone un importante quebranto económico en el sistema, hasta tal punto que, hasta hace poco tiempo, la cotización de un trabajador cubría las prestaciones de tres pensionistas y en la actualidad, la realidad nos demuestra que un cotizante financia poco más de un pensionista y medio, es decir casi la mitad.
Que nadie nos intente convencer de que el problema de las pensiones no es para ahora, que es a largo plazo y hay tiempo de sobra para buscar soluciones. ¡Es mentira! Es muy urgente que los políticos se pongan a ello cuanto antes, porque nos estamos jugando uno de los pilares de la sociedad del bienestar que tanto esfuerzo y trabajo nos ha costado conseguir.
Entidades
