S i hay una prueba de que la crisis no ha quedado definitivamente atrás es el déficit público. No sólo es que la deuda pública sea superior al 100 por cien del PIB, es decir a todo lo que producimos en un año, es que no para de crecer. Si el déficit público cierra este año como está previsto en el 4,6 por ciento, este incremento de la deuda pública será superior al crecimiento de la economía, que está siendo superior al 3%. Dicho de otro modo, después de años de crisis y ajustes, las empresas y las familias han ajustado, han hecho los deberes, y la economía española vuelve a crecer. Sin embargo, el gobierno del PP, por lo menos en el ámbito fiscal, no ha hecho los deberes, y el déficit sigue fuera de control.
Por un lado, el objetivo del 4,6 por ciento es un objetivo absolutamente de mínimos, que la Unión Europea ha ampliado desde el objetivo inicial del 2,8 por ciento. Esta ampliación no ha sido sencilla, y a punto ha estado de costarnos una multa de 5.000 millones de euros. Además, y a expensas de que el Parlamento Europeo está poniendo pegas, tenemos en el aire una congelación de los fondos estructurales que nos proporciona la Unión Europea. Además, cualquier nuevo incumplimiento se tramitaría por una vía simplificada, que haría casi imposible esquivar la multa.
Aún así, lo peor es que el nuevo objetivo sólo ha sido posible adoptando medidas de emergencia: un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros del gasto estatal, el cierre contable de los ministerios desde agosto, y el incremento de los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades, con mucho la medida más importante. Estos pagos fraccionados los anticipan las empresas en abril, octubre y diciembre sobre la liquidación que tienen que realizar, habitualmente en julio del año siguiente.
Este año se han incrementado los pagos fraccionados de octubre y diciembre en 8.200 millones, que pretende recaudar el Gobierno. Para eso no sólo se han incrementado los tipos de los pagos fraccionados, sino que además se ha obligado a pagar los nuevos tipos incrementados al doble de empresas. Hasta ahora sólo estaban obligadas a adelantar impuestos, de acuerdo con estos tipos incrementados, las empresas que facturasen más de 20 millones de euros. Ahora, todas las empresas que facturen más de 10 millones de euros estarán sometidas al anticipo incrementado.
En cualquier caso, este año recaudaremos 8.200 millones más, pero esta medida no tendrá efectos en 2017. Ese año seguirá en vigor el pago fraccionado y recaudaremos 8.200 millones más, pero habrá que devolver lo cobrado en 2016, lo que deja las cosas en materia recaudatoria en algo parecido a cero.
Todo esto deja un ejercicio presupuestario 2017 sumamente complicado. En palabras del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, queda pendiente un ajuste de 5.500 millones de euros para el siguiente gobierno. Ayer el Gobierno aprobó un ?draft? o borrador presupuestario que preveía un déficit algo superior al 3,6 por ciento, en un escenario de que no haya cambios en las leyes. Como nos hemos comprometido a tener un déficit del 3,1 por ciento del PIB, y la previsión de crecimiento para 2017 es del 2,3 por ciento, parece bastante claro que el próximo Gobierno va a tener que ajustar. Si no le convencen razones macroeconómicas, que son bastante obvias, lo único que tiene que pensar es en la multa. Es preferible ahorrarse una multa de 6.000 millones euros, a incumplir, soportar la multa? y seguir teniendo el ajuste pendiente.
Este ajuste se puede hacer recaer en los de siempre, como hizo el Gobierno del PP en 2012, recortando en gasto social y subiendo indiscriminadamente los impuestos, o se puede ajustar de forma más social y compatible con el crecimiento económico. Eso es lo que proponemos en Ciudadanos, aprovechando, todo hay que decirlo, que el ajuste no tiene que ser tan brutal como en 2012, porque los españoles, a diferencia del Gobierno, sí han hecho sus deberes y ya estamos creciendo.
Un ajuste inteligente pasa en primer lugar por exigir el cumplimiento de las leyes a los defraudadores antes de exigir el primer euro de impuestos a los que ya los pagan. Por eso, nuestra primera medida en esta legislatura, aprobada con el voto favorable de todos los grupos, fue instar al Gobierno a que exigiese el 10 por ciento efectivo a los defraudadores de la amnistía fiscal, que como todos sabemos sólo pagaron el 3 por ciento.
Además, hay que cerrar el agujero del impuesto de sociedades. Como hemos expuesto reiteradamente en estas páginas, no podemos exigir recortes y subidas de impuestos a la clase media, derivadas únicamente de la incapacidad de cobrar a las grandes empresas. Así en el primer trimestre, las empresas obtuvieron los mayores beneficios de la historia, 74.620 millones de euros, soportando la tasa efectiva más baja de la historia en el impuesto de sociedades, el 4,7 por ciento. Éste es el resultado de una reforma fiscal del PP, bastante desastrosa, que deja un impuesto lleno de agujeros que habrá que arreglar urgentemente.
Aunque aritméticamente bastase con lo anterior, también tenemos que reducir el gasto superfluo y las duplicidades, lo que en Ciudadanos conocemos como la burbuja política. Además, hay que fomentar el crecimiento, con medidas que faciliten la vida, el crecimiento y la innovación a nuestras empresas y autónomos.
El gobierno se ha dejado los deberes pendientes pero eso no puede ser ni una excusa para incumplir una vez más, ni el final del crecimiento económico. Necesitamos, tras este parón político más que nunca, una política inteligente.
