Cualquier diccionario define al dogma como una proposición que no admite refutación ni matización. Frente a él no caben la investigación, el análisis racional o la duda metódica. Si en cualquier momento los datos y los hechos arrojados por la realidad contradicen los postulados dogmáticos, no hay vacilación ni reconsideración. La conclusión dogmática zanja la cuestión: tanto peor para los hechos.
Desde la realidad española constatada cotidianamente es más que evidente la necesidad de cambiar el modelo productivo. Éste es incapaz de generar empleo fijo y siquiera de mediana calidad. Nuestro tejido productivo va camino de ser residual en el sector industrial y mucho hay que cambiar si se quiere- como se dice- constituir el 20 por ciento del PIB en 2020.
Desde el discurso oficial el dogma del crecimiento pretende ser la panacea para conseguir lo que el artículo 35 de la Constitución mantiene: el derecho al trabajo. La experiencia desmienten que el crecimiento sea el camino correcto para ello.
Desde supuestos provenientes de los sectores más dinámicos del sistema se acepta como irrefutable la necesidad de cambiar el modelo productivo. Mantienen la necesidad de reformas e incluso con una importante participación pública de carácter económico, educativo, de inversiones en I+D + i e infraestructuras. Sin embargo, dejan claro que todo está supeditado a los intereses privados.
Desde mi punto de vista todas las innovaciones, planes, actuaciones e intervenciones públicas (necesarias e insustituibles) deben orientarse hacia un modelo productivo eficiente y dirigido a satisfacer a la ciudadanía. Ello implica un protagonismo público fuerte. Corresponde al sector privado incardinar sus esfuerzos, inversiones y organización en ese eje de orientaciones desde lo público.
Sólo así será posible que la creación de empleo socialmente necesarios se identifique y corresponda racional y constitucionalmente con la creación de empleo. El dogma del crecimiento económico ya no se sostiene.
