En Ciudadanos utilizamos con frecuencia el término de 'burbuja política' para referirnos al gasto superfluo de asesores, coches oficiales y estructuras burocráticas sobredimensionadas como las Diputaciones. Evidentemente, tener más niveles de gobierno de los necesarios, y sobre todo empleados enchufados y ociosos es muy caro para los contribuyentes. Sin embargo, otra acepción del término de 'burbuja política' es el aislamiento de las necesidades de los ciudadanos, y la preocupación exclusiva por los problemas internos de los partidos.
La sesión de investidura del miércoles fue un ejemplo perfecto de 'burbuja política', en su segunda acepción, en este caso de la subespecie de burbuja parlamentaria. Parece evidente que los ciudadanos tienen derecho a tener un Gobierno, aunque no sea el que más les guste a todos. Por eso, la primera obligación de un Parlamento es elegir un Gobierno. Por esa razón, en Europa Occidental sólo ha habido que repetir las elecciones, por falta de acuerdo del Parlamento para otorgar su confianza a un Gobierno, en una ocasión, en España en 2016. Esto supone que estamos en una situación política extraordinaria y crítica, lo que se refleja en el hartazgo ciudadano por la actuación de los políticos.
Además, y esto resulta también evidente, los ciudadanos eligen a los políticos para que desarrollen políticas que les resuelvan problemas, o por lo menos, no les creen problemas adicionales.
Todo esto brilló por su ausencia el miércoles. Con la excepción de Albert Rivera que se dedicó a hablar de políticas concretas, prácticamente todos los demás portavoces de los grupos se instalaron en una burbuja parlamentaria lejana de los intereses de los ciudadanos. Algunos oradores, como Joan Tardà de Esquerra Republicana de Catalunya parecían estar en un universo paralelo. Esto a ratos puede ser entretenido, pero no contribuye a arreglar ningún problema.
Quizás lo peor de todo fue el tono de alguno de los intervinientes que alejaba cualquier posibilidad de entendimiento, y no digamos de negociación. Algunos creemos que casi siempre las soluciones negociadas y que gozan de un amplio consenso son mejores, aunque sólo sea porque se aceptan mejor, aunque no siempre sean las que más nos gusten. Otros no, pero por lo menos son conscientes de que cuando no pueden imponer su voluntad tienen que negociar.
Sin embargo, la actual aritmética del Congreso de los Diputados permite a algunos grupos no imponer su voluntad, pero sí bloquear otras posibilidades de Gobierno. Nos encontramos ante una situación de bloqueo que cansa a la ciudadanía, y que muy pronto tendrá consecuencias económicas graves?
Mientras en el Congreso continuaba un debate surrealista, se hacían públicos los datos de déficit público. El déficit de la Administración General del Estado alcanzó hasta julio los 29.842 millones, un 19,6% más que en 2015, y se situaba ya en el 2,66% del PIB. Esto se debía fundamentalmente a la caída de los ingresos. La situación es especialmente grave en el impuesto de sociedades que lleva una caída acumulada del 85,6%. Hemos pasado de recaudar en los primeros siete meses 3.011 millones de euros a recaudar sólo 433 millones. Esto tiene particular mérito porque los beneficios de las empresas han crecido y ya están en los niveles previos a la crisis.
Como ya expuse hace unas semanas en mi blog en El Economista, el impuesto de sociedades es el agujero negro de las finanzas públicas, y si no hacemos nada, la recaudación a final de año proveniente de las empresas habrá caído en más de 10.000 millones de euros.
En términos económicos, parecía que en el Congreso estuviésemos aislados de la realidad en un mundo paralelo. Pedro Sánchez definía toda la trayectoria de Rajoy en la palabra recortes. Rajoy se defendía diciendo que con el PSOE los ingresos se hundieron en más de 70.000 millones de euros. Ninguno hablaba, eso sí, de gasto superfluo. Entre tanto, se nos derrumba la recaudación del impuesto de sociedades, pero dentro nadie se acordaba. Deberíamos reformar en profundidad el impuesto de sociedades, y ser mucho más diligentes en la lucha contra el fraude fiscal.
Nuevamente, sólo Albert Rivera puso estos temas encima de la mesa. El líder de Ciudadanos insistió especialmente en el compromiso del Partido Popular y Ciudadanos en el acuerdo de investidura de exigir el 10% íntegro a los que se acogieron a la amnistía fiscal. Evidentemente, si ni siquiera somos capaces de exigir la propia ley de la amnistía fiscal a los defraudadores, el gobierno perderá mucha legitimidad moral para exigir impuestos a los contribuyentes honestos. Y no sólo es una cuestión de legitimidad, es que si no tenemos una recaudación mínima, los recortes serán inevitables y la políticas públicas completamente ineficaces.
En fin, lo más importante no es el debate, sino evidentemente la votación, que determina si tendremos o no Gobierno. Esta tarde es la votación decisiva. Si no tenemos Gobierno, por lo menos deberíamos exigir a los que votan NO, una alternativa. Unas terceras elecciones serían un fracaso sin paliativos de nuestro sistema político, con graves consecuencias económicas que pondrían en peligro la recuperación económica. En el mundo real, el fracaso nunca es una opción, pero ante la irresponsabilidad de algunos, es posible que esta tarde esto tome visos de realidad en esta burbuja parlamentaria en la que algunos siguen inmersos.
