Las medidas pactadas entre PP y Ciudadanos abarcan muchos aspectos de la regulación y la gestión del Estado, aunque nos vamos a centrar en las que afectan al sector financiero principalmente. En general, es un enunciado poco concreto, como era de esperar, pero pretencioso y no muy acertado.
Se pone de manifiesto el corte intervencionista de los partidos firmantes, más acusado quizás en Ciudadanos que, no en balde, ha trasladado buena parte de lo pactado anteriormente con el PSOE al nuevo acuerdo. Estamos, pues, no ante un impulso liberalizador de la economía y las finanzas sino ante una nueva vuelta de tuerca en la extrema regulación de la vida económica, con la que se debería sentir mucho más satisfecho el PSOE que el PP, aunque este último es evidente que ha hecho suyos los postulados de la socialdemocracia más rancia.
Repasando alguna de las medidas propuestas, nos topamos con la creación, cómo no, de la Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV (no se dice cómo partirá de ahí ni hacia dónde), unificará y reforzará los servicios de reclamaciones de banca, valores y seguros. Es decir, parece que no hará desaparecer las competencias en la materia que puedan tener cada uno de los supervisores actuales, aunque no se concreta.
No parece muy acertado mezclar la supervisión en seguros, con valores y banca, y no se alcanza a comprender por qué un nuevo organismo será mejor. Tampoco se entiende muy bien por qué ese organismo debe supervisar a las compañías de auditoría restando competencias al ICAC y qué beneficios se derivarán de todas esas duplicidades tan estrambóticas y en la línea de mezclar churras con merinas tan habitual en los párrafos de los programas electorales y pactos postraumáticos, es decir postelectorales, como éste.
Tampoco parece justificado que ese organismo de defensa sea el encargado de establecer contratos financieros tipo, cuando los intereses en juego en los mismos van más allá de la propia defensa de los consumidores y hay que considerar otros muchos factores además de ésta.
Está muy bien eso de eliminar la cláusula suelo, sobre todo porque ya no se suele poner y ha sido delimitada por los tribunales, y es muy encomiable querer regular los préstamos entre particulares para evitar fraudes y estafas, aunque evitar la estafa es más bien cosa de la policía porque es un delito que va más allá de cualquier regulación y que siempre pretenderá superar ésta. Querer aumentar las transparencia bancaria es de agradecer, pero viene haciéndose desde 1987 y actualmente obedece a ciertas regulaciones europeas bastante exigentes que bastaría aplicar, en principio.
Es obvio que todos quieren cargarse las sicav y con el endurecimiento de las condiciones lo que van a conseguir es que determinados capitales acaben en Luxemburgo, si es que aún no se han ido. Buenas intenciones veo en el crowdfunding, pues se pretenden eliminar algunas barreras de la regulación actual como los límites de inversión, aunque ya sabemos que se trata de una forma de financiación ciertamente marginal que por mucho que crezca no solucionará el problema financiero de los emprendedores en general.
Para fomentar el emprendimiento, no dudan en establecer nuevas obligaciones para las empresas por debajo de 5,7 millones de facturación, como es una llamada "auditoría abreviada". ¿Pero no hay muchas barreras burocráticas ya como para añadir más obligaciones? El espíritu intervencionista y regulador de todos los firmantes queda bien reflejado en esta medida que aumentará los costes y trabas en las muy pequeñas empresas, justo lo contrario de lo que hay que hacer para generar riqueza y empleo. ¿La auditoría abreviada determinará la más o menos imagen fiel de las cuentas anuales o acaso su informe será breve?
Terminaré con la dación en pago, introducida en el pacto con deliberada ambigüedad, pues habla de que será derecho de los deudores más vulnerables, sin definir cuáles serán éstos, y dice que podrán entregar su vivienda habitual para cancelar sus deudas y vivir en ella durante tres años pagando hasta un 30% de los ingresos de su unidad familiar. No aclara quién pagará el coste de la medida, si el Estado, el acreedor, los dos, el deudor o alguien que pasaba por allí.
Por más que ambas partes estén demostrando buena voluntad en procurar un Gobierno razonable para España, se han sentado burócratas frente a burócratas y han parido un acuerdo PSOE-Ciudadanos versión 2, que si no firma Pedro Sánchez es porque no recuerda Una Noche en la Ópera. Tras ver el acuerdo creo que quizás sea mejor seguir sin Gobierno sine die.
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