Firmas

Las trapos sucios del FMI, al aire

Christine Lagarde, presidenta del FMI

Tras las acciones polémicas del Fondo Monetario Internacional durante la crisis financiera asiática de 1998, cuando condicionó la asistencia de liquidez a los países afectados a que sus gobiernos se apretasen el cinturón, el FMI estableció la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) para asumir valoraciones a distancia de sus políticas y programas. Esa oficina acaba de publicar una crítica exhaustiva sobre el papel del Fondo en la crisis europea post-2008.

Muchas conclusiones de la OEI le resultarán familiares. La supervisión del FMI, pensada para detectar vulnerabilidades económicas y desequilibrios, fue inadecuada. Aunque el personal a menudo apuntaba al auge del crédito, la brecha de los déficits a cuenta corriente o una productividad estancada acabaron subestimando las implicaciones.

Y eso refleja la tendencia, consciente o no, de pensar que Europa era distinta. Sus economías avanzadas no mostraban las mismas vulnerabilidades que los mercados emergentes. Unas instituciones tan sólidas como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo poseían excelentes habilidades de gestión. La unión monetaria, por una razón no articulada en el fondo, cambiaba las reglas del juego.

Las alegaciones interesadas beneficiaron a los funcionarios europeos pero, ¿por qué estuvo el FMI dispuesto a aceptarlas? Una respuesta es que los gobiernos europeos son grandes accionistas del Fondo. Otra es que el FMI es predominantemente una institución europea, con un director gerente europeo, la mayoría del personal europeo y una cultura europea.

El informe, todavía en terreno conocido, pasa a criticar al Fondo por haber consentido la resistencia europea a la reestructuración de la deuda en Grecia en 2010. Censura al FMI por implantar objetivos ambiciosos de la consolidación fiscal (necesaria si debía evitarse la reestructuración de la deuda) pero infravalora los efectos económicos perjudiciales de la austeridad.

Más interesante aún es la pregunta de cómo debe coordinar el Fondo sus operaciones con órganos regionales como la Comisión Europea y el BCE, los restantes miembros de la famosa troika de acreedores oficiales de Grecia. El informe rechaza las alegaciones de que el FMI haya sido en efecto un miembro menor de la troika e insiste en que todas las decisiones se tomaron por consenso.

Es difícil cuadrarlo con todo lo que sabemos sobre la decisión nefasta de no reestructurar la deuda griega. El personal del FMI apoyó la reestructuración pero la Comisión Europea y el BCE, que ponen dos tercios del dinero, se salieron con la suya. Quien tiene la cartera más grande habla más alto. En otras palabras, hay distintos caminos hacia el consenso.

El Fondo se topó con el mismo problema en 2008, cuando insistió en la devaluación de la moneda dentro de un programa del FMI y la UE en Letonia. Al final, el Fondo se vio obligado a remitirse a la oposición de la UE a la devaluación porque solo contribuía un 20 por ciento.

La implicación es que el FMI no debería participar en un programa en el que solo contribuya con una cuota minoritaria de la financiación, aunque esperar que ofrezca la financiación mayoritaria implica la necesidad de expandir sus recursos financieros. Eso es algo que el informe de la OEI consideraba evidentemente fuera de su mandato o demasiado delicado como para abordarlo.

¿Estaba siquiera el BCE en el lado correcto de la mesa en las conversaciones sobre deuda europea? Cuando se negocia con un país, el FMI suele exigir condiciones a su gobierno y su banco central. En sus programas en Grecia, Irlanda y Portugal, al contrario, el FMI y el banco central exigieron condiciones a los gobiernos. Eso sorprendió a más de uno por inusitado.

Habría sido mejor que en 2010 el FMI hubiera exigido al BCE el compromiso de "hacer lo que hiciera falta" y un programa de operaciones monetarias directas como las que el presidente del BCE Mario Draghi acabó ofreciendo dos años después. Eso habría abordado el problema del contagio, una de las bases de la resistencia de los funcionarios europeos a la reestructuración de la deuda griega.

Una objeción a imponer condiciones al BCE es que la eurozona, como entidad regional, no es miembro del FMI. Solo los países y no las regiones tienen derecho a los recursos del FMI, aunque nada impide al FMI exigir compromisos políticos a entidades regionales para prestar a sus estados miembros. Se ha hecho antes con la participación de las uniones monetarias africana y caribeña, y con sus bancos centrales.

Por último, el informe critica a la dirección del FMI por no garantizar la implicación adecuada del comité ejecutivo, un órgano de supervisión formado por 24 representantes nacionales. Se pidió su aprobación solo después de haber tomado las decisiones clave. Es más, el comité fue obligado a actuar en un plazo demasiado corto y carecía de la información necesaria para rebatir las recomendaciones de la directiva.

El informe de la OEI sugiere implicar más al comité con vistas a ofrecer contrapeso a las presiones políticas de los agentes regionales, aunque eso solo amenaza con reemplazar una forma de influencia política por otra.

Sería mejor permitir que un equipo de gestión independiente tomara las decisiones libre de interferencias políticas, a la manera del comité político de un banco central, si bien eso presupone liberar al FMI de la dependencia de aportaciones financieras de sus agentes regionales y exige que la directiva del FMI demuestre que puede tomar decisiones coherentemente, basadas en el interés económico de los países de cada programa y no en las preferencias políticas de los poderes nacionales.

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