La Comisión Europea ha analizado el recomendar al Consejo de la Unión Europea (UE) la imposición de sanciones a España y a Portugal por el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en lo relativo a situar el déficit público por debajo del 3% del PIB. Probablemente, el viernes 8 de julio se publique la recomendación al Consejo de Unión que finalmente debería adoptar o no sanciones el 12 de julio. Realmente, la adopción de sanciones sería una novedad grande en la gobernanza económica europea y de la misma UE.
El PEC es un instrumento principal entre los que conforman la nueva gobernanza económica europea inherente a la unión monetaria (1999). El PEC es el conjunto de normas de coordinación de las políticas fiscales de los estados miembros de la UE. Éstos deben demostrar que sus finanzas públicas cumplen dos criterios: los déficits presupuestarios no superan el 3% de su PIB, y la deuda pública total no supera el 60% de su PIB.
El PEC se ha desarrollado con el Procedimiento de Déficits Macroeconómicos y el llamado Semestre Europeo. Los países de la eurozona presentan cada mes de abril sus programas de estabilidad a la Comisión y al Consejo, mientras que aquellos que no pertenecen a esta zona presentan programas de convergencia. Estos programas incluyen el objetivo presupuestario a medio plazo del país e indican cómo alcanzarlo.
Los programas de estabilidad y convergencia son examinados por la Comisión. Cuando los criterios se incumplen, la Comisión debe recomendar al Consejo el inicio de un procedimiento de déficit excesivo en virtud del cual se exige al país en cuestión la presentación de un plan de medidas correctoras. Los socios de la eurozona sometidos a un procedimiento de déficit excesivo que no sigan las recomendaciones acordadas con la Comisión y que no reduzcan su déficit al 3% del PIB serán sancionados con la imposición de un depósito de hasta el 0,2% de su PIB, importe que puede convertirse en multa si persiste el incumplimiento.
Como varias otras naciones del eurosistema, España está sometida a un procedimiento de déficit excesivo. En la primera y gloriosa fase del euro, incluso Alemania y Francia lo estuvieron. Pero no fueron sancionadas, ni hasta ahora lo fue ningún otro país.
La crisis hizo estallar la burbuja de España. Los ingresos públicos cayeron: del 40,9% del PIB en 2007 al 36,2 % en 2010 y al 38,2% en 2015. Los gastos públicos crecieron: respectivamente, fueron 38,9 %, 45,6% y 43,3%. Por tanto, el saldo (y, en caso de déficit, la financiación neta con emisión de deuda pública) evolucionó del +2%, al -9,4% y al -5,1%. De hecho, en España como en el resto de países occidentales avanzados, no hubo austeridad alguna. Tras el crack económico cayeron los ingresos y el gasto se disparó, de forma que el déficit detonó. Más allá del PEC y del procedimiento, y para manejar la debacle económica y social, los Gobiernos de España expandieron el gasto y el déficit, y éste llegó en 2009 ¡al 11% del PIB!
Al considerar la imposición a España de una sanción por su déficit excesivo, la Comisión agotó todo margen interpretativo y de maniobra. Ahora corresponde al Consejo confirmar o no el 12 de julio la sanción a España.
Cabe que el Consejo no la adopte o la demore atendiendo a la coyuntura política y económica, y en particular a la incertidumbre institucional de España, al profundo impacto de la crisis (con caídas severas del PIB, de la producción industrial, del empleo y de los ingresos públicos) así como a la incipiente recuperación de la economía española en 2015 y 2016. Otras excusas podrían ser el riesgo económico de la banca italiana y alemana, el riesgo político de las calles francesas o el caos del Brexit.
La decisión de la Comisión y en su caso la del Consejo de la próxima semana afectará a los mercados, y en particular a las bolsas, que andan muy revueltas. De modo que, tanto si el procedimiento de déficit excesivo a España culmina finalmente con sanción o no, las calificaciones de la deuda pública y los títulos privados pueden deteriorarse y la prima de riesgo puede subir. La sanción de los mercados será adicional a la sanción de la UE.
Concluiremos con una consideración. Afortunadamente, la UE ancla a sus estados miembros en los valores de democracia y en las prácticas de una economía social de mercado altamente productiva y competitiva. La gobernanza económica europea ayuda a este anclaje y a aliviar la eurocrisis. Las reglas establecidas por los países y la UE, como el PEC y el Procedimiento de Déficits Macroeconómicos, son clave en esta gobernanza y anclaje.
Con la decisión sobre la sanción a España (y/o a Portugal) veremos la próxima semana si los Estados miembros y las instituciones de la UE son capaces o no de reducir el riesgo moral que se deduciría del incumplimiento de sus reglas y si con ello ayudan o no a limitar el riesgo económico y político general que soporta Europa.
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