El panorama político y financiero global se vio sacudido el pasado 3 de abril con la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia. Más de 11,5 millones de archivos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca fueron entregados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por una fuente anónima. Las consecuencias de este terremoto informativo han revelado la estructura fiscal internacional erigida por esta firma de abogados, encargada de elaborar un andamiaje corporativo en jurisdicciones con regulaciones financieras laxas para resguardar la identidad de sus titulares.
Es precisamente la jurisdicción panameña, epicentro del terremoto informativo, la que queda en entredicho, habiéndose convertido en las últimas décadas en un refugio de capitales internacionales de origen incierto. La pátina de legalidad otorgada al encubrimiento de fondos de la elite política, financiera y artística global genera suspicacias operativas y morales, pese a que España no considera a Panamá un paraíso fiscal.
Si bien la posesión de una sociedad en un paraíso fiscal no es ilegal per se, la facilidad para esconder estos fondos con la protección del anonimato de sus propietarios, favorece la posibilidad de que estas estructuras sean aprovechadas para la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo internacional o el narcotráfico, entre otros.
A pesar de que el despacho Mossack Fonseca deba ser considerado partícipe de sistema, su rol orgánico no debe ser óbice para que las miradas se enfoquen también en sus principales clientes, que incluyen a algunos de los principales bancos del planeta, y a los responsables políticos que amparan este tipo de prácticas.
Estos clientes, ya sean a título individual o corporativo, deben tener la capacidad de poder dar explicaciones sobre la naturaleza de la estructura financiera a la cual están vinculados. Un origen y uso legítimo de los fondos no debería suscitar problemas a sus propietarios, mientras que en caso contrario estos deben aceptar las sentencias penales y censuras públicas correspondientes.
La revelación anónima de los papeles de Panamá resulta única en la medida en que la población descubre los secretos que la hacen percibirse como víctima de un trato injusto por parte de miembros de su propia sociedad. Ante el mayor escrutinio público que se avecina, gran parte de los Estados que se han visto salpicados por las revelaciones de los papeles de Panamá han mostrado su intención de incrementar los controles y el nivel de alerta ante posibles evasiones fiscales u operaciones financieras ilícitas.
En España, tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han anunciado que analizarán la información disponible con las declaraciones de bienes en el extranjero para determinar si han existido actividades delictivas como el blanqueo de dinero. Solo una investigación pormenorizada permitirá detallar el posible origen corrupto o ilegal de las fortunas que se encuentran detrás de las sociedades creadas por Mossack Fonseca. Las consecuencias en España no van más allá de las condenas fiscales, lo cual hace aumentar la desconfianza de la población en sus propias elites políticas y económicas, así como en un sistema diezmado por la crisis económica y la corrupción generalizada. En el actual contexto político cercano a una repetición electoral, sería necesario que los partidos políticos españoles tomaran nota de la opinión pública y especializada para promocionar la transparencia y emprender nuevas medidas que tengan calado en la necesaria regeneración institucional del país.
En otras jurisdicciones donde operan empresas españolas las penalizaciones por delitos de evasión son superiores a las de aquí. Para evitar perjuicios económicos, legales y de reputación derivados de esta filtración, es necesario tomar decisiones informadas sobre futuras inversiones y potenciales socios, entre otros factores a tener en cuenta.
La abolición de este tipo de prácticas fiscales radica exclusivamente en nuevas regulaciones que promuevan mayor transparencia y penalicen, más allá de la multa económica y el escarnio social, la evasión de impuestos y lavado de dinero.
Consecuentemente, sociedades y particulares españoles deben tener en cuenta que la tendencia global se enfoca en la eliminación de estructuras opacas.
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