En determinados medios de comunicación de explícita cultura ultraconservadora heredera del franquismo, pero con incidencia en determinados estratos populares, se desatan alegatos, críticas y descalificaciones sobre los pactos políticos que priorizan los intereses partidarios sobre los del pueblo.
A veces, por contaminación del medio ambiente sociológico, oímos esa expresión -aunque matizada- en personas y colectivos, insertos en culturas democráticas y liberales. Negar la cultura y la utilidad del pacto es negar uno de los cementos básicos que cohesionan la sociedad e incluso la familia.
Solamente el buen salvaje de Rousseau no necesitaba pactar con otros, porque estaba solo. Las convenciones y los hábitos sociales no son sino una manera más de expresarse el pacto entre la ciudadanía. El problema de los pactos no estriba en ellos mismos, sino en explicitar claramente dos cuestiones: ¿qué se pacta?, y ¿con quién se pacta?
Ambas interrogantes conducen a la cuestión central: el programa y la solvencia política, moral y de coherencia de quienes lo hacen. Por otra parte, y sobre todo cuando los pactantes son reconocidos como antagonistas ideológicos, las condiciones de su acuerdo deben ser claras, nítidas y sin claroscuros.
A mayor diferenciación ideológica mayor concreción y pormenorización. Todo contrato exige unas cláusulas de difícil utilización anfibológica, de difícil interpretación alternativa. Y hablo de difícil porque en estas cuestiones hablar de imposibles disensos interpretativos es forzar la realidad.
¿A qué se refieren quienes hablan de intereses partidarios como algo impuro o torticero? Simplemente se refieren a las ideas, valores y programas con los que los pactantes se sometieron al veredicto de las urnas. Y es que desde Fernando VII hasta ahora hay una España, una manera montaraz y trabucaire de dinamitar el entendimiento en nombre de una visión casposa, cutre, misoneísta y dogmática.
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