Decida hoy lo que decida el Tribunal Supremo sobre el reparto del déficit autonómico, -y si los célebres 'papeles de Panamá' no lo impiden-, volveremos a oír una letanía de aleluyas y lamentos, otro circo mediático destinado a reconfortar a la parroquia ya convencida de cada uno de los directamente señalados por el dedo del juez.
Y después, a esperar hasta el próximo espectáculo, que se celebrará muy probablemente cuando el nuevo Gobierno, sea del signo que sea, tenga que coger la tijera para hacer las cuentas de 2017. Unos echarán las culpas a otros y los otros a los unos, y vuelta a empezar...
Resulta francamente agotador. Y descorazonador, porque lo que realmente revelan los datos de la ejecución del presupuesto que han salido a la luz, más allá de dimes y diretes, es que estamos en manos de una larga lista de irresponsables.
La responsabilidad de Hacienda
El primero: Hacienda. Aprobó una Ley de Estabilidad con la que logró calmar al mercado, pero hizo una clamorosa dejación de funciones cuando se abstuvo de intervenir a las autonomías que se saltaban sus normas a la torera. Una vez le cogieron la medida a Montoro, volvió el dislate del gasto.
Así que la ley se ha convertido, por la vía de los hechos, en papel mojado. Aunque eso haya que apuntarlo en el haber del Gobierno, no exime de culpa a los gestores de las cuentas regionales. A algunos más que a otros les asiste la razón cuando se lamentan de que padecen un sistema de financiación endiablado y manifiestamente mejorable, pero eso nunca ha sido excusa para dejar de cumplir con la ley.
El hecho de que Galicia haya cumplido demuestra que, con más o menos holgura, pueden hacerlo todas. Sin embargo, resulta más cómodo y mucho más gratificante políticamente hablando rasgarse las vestiduras en tertulias y telediarios. Un par de tuits convenientemente jaleados y asunto resuelto... Así nos va.
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