El mismo problema que tiene Bruselas para imponer a los Estados la estabilidad presupuestaria tiene el Gobierno para imponérsela a las comunidades autónomas: falta de autoridad y excesiva autonomía en el gasto. La realidad es que las administraciones han gastado más de 56.608 millones de euros de lo que han ingresado, es decir, el 5,16% del PIB y un punto más de lo pactado con la UE. Un verdadero drama presupuestario que no tiene visos de corregirse y que augura insoslayables subidas de impuestos.
El Estado se está deslizando por la pendiente del endeudamiento sin fin en una espiral que no va a traer nada bueno. Ignorando esta realidad, se ha hecho correr la especie de que vivimos en un entorno de austeridad y de que nos están obligando a hacer recortes, que hay que dejar atrás para gastar más. ¿Gastar más? Es imposible gastar más sin destruir la viabilidad financiera del Estado, pero parece que ninguno de nuestros responsables políticos, ya sean de la vieja política, de la nueva política o de la política mediopensionista se han dado cuenta de este pequeño detalle.
Con un Gobierno en funciones paralizado, con unos políticos jugando a la sillita del gobierno y unas administraciones gastadoras donde las haya, estamos saliendo de la crisis a duras penas sin que nadie se haya parado a pensar que el montaje de administraciones públicas que tenemos no sólo es insostenible, sino que es estructuralmente insostenible, y que como nos vengan mal dadas nos vamos a enterar bien de lo que es la austeridad, porque en estas circunstancias España no aguanta ni media crisis de nuevo.
El Gobierno saliente dijo que iba a reformar la Administración, pero no ha reformado absolutamente nada, salvo cerrar algunas empresas públicas y quitar cuatro cosas. No se ha aprovechado el entorno de la crisis económica para hacer lo que había que hacer y no se han arbitrado medidas de ninguna especie para conseguir que las comunidades autónomas cumplan con el objetivo de déficit marcado. Seguramente todo ello no se ha hecho por dos razones: porque no se ha querido, pues a un Gobierno de funcionarios y políticos profesionales, como todos los que hemos tenido, lo que le gusta es mucho Estado; y porque con el diseño institucional de nuestra Constitución no se puede evitar que una comunidad autónoma gaste el dinero como le venga en gana. Así, lo pueden tirar en propaganda, en clientelismo o en corrupción, que les siguen financiando, porque si no dejan de pagar a las farmacias, a los médicos y a los maestros.
Y ahí tenemos a los comunistas de toda la vida, que ahora quieren ser comunistas transversales, diciendo que lo que hay que hacer es dejar atrás la austeridad. Y ahí tenemos a los socialistas de toda la vida, que ahora quieren haber ganado las elecciones aunque las perdieron, diciendo que hay que flexibilizar el déficit con Bruselas. Y ahí tenemos a los nuevos ciudadanos, que quieren ser el PP cuando sean mayores, pero sin corrupción y sin Rajoy, que también quieren flexibilizar lo que ya viene flexibilizado de casa. Y ahí tenemos a los populares, cada vez más impopulares, y que no hace falta que digan nada porque ya se lo han gastado todo y han permitido que los demás se lo gasten.
Así no hay solución, porque no hay voluntad. Y desde Europa van a tener que dar un puñetazo en la mesa, porque esto es un desmadre de mucho cuidado. Y del puñetazo lo que va a salir es una subida de impuestos más temprano que tarde y en cuanto haya Gobierno. Y veremos cómo se crea un impuesto para financiar las deficitarias pensiones, y veremos cómo se reforma la financiación autonómica sobre la base de que los ciudadanos paguen más, no de limitar la capacidad de gasto de los reyezuelos del mambo.
No se puede haber concebido un Estado en el que la autoridad del Gobierno no alcance a controlar e impedir que una administración territorial, sea la que sea, gaste más de lo establecido.
Esa estructura es un disparate y la reforma más urgente que ha de hacerse, si ha de reformarse en algo nuestro entramado institucional, es la de conseguir un control efectivo de las cuentas públicas por parte del Gobierno, porque otra cosa es un suicidio colectivo.
Sin embargo, no es probable que tal reforma se haga, porque nuestra política aún está peor que el presupuesto. Su déficit es astronómico.
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