Es verdad que un programa político, sobre todo si se presenta como alternativa de gobierno, debe ser lo más pormenorizado posible, con la indicación de la financiación y las medidas legales a tomar conjuntamente con las alianza sociales y políticas que lo sustentan y apoyan.
Pero también es verdad que si el programa presentado cumple todos y cada uno de los requisitos arriba expresados, pero carece de encuadre, de marco, se transforma en un abigarrado rosario de medidas sin criterio teleológico.
La importancia del marco programático
A mi juicio un programa con vocación de gobierno debe estar inscrito en un doble marco de referencia a fin de que las propuestas en él planteadas sean entendidas en su lógica interna y en el despliegue del proyecto. Para mí ese doble marco está constituido por dos ámbitos de contenidos y límites a tener presente.
En esta hora de España, un programa con voluntad de servicio a la mayoría social debería dirigirse a tres objetivos: (1) creación de empleo en trabajos socialmente necesarios; (2) medidas jurídicas, de control democrático y de regeneración ética para desarraigar la corrupción: institucionales y de actividades económico-sociales en la cotidianeidad; (3) marco político-institucional capaz de servir de marco de convivencia para el conjunto de la ciudadanía española.
Podría alegarse que este conjunto programático necesita de una mayor presencia de lo público en la economía y las finanzas. Es cierto, pero además de constitucionales, dichas medidas son las únicas que suplen la aleatoriedad e imprecisión de confiar simplemente en el crecimiento.
Y estas líneas programáticas deberían, a mi parecer, enmarcarse en dos principios de imposible superación: (1) la sostenibilidad medioambiental; (2) la aplicación consecuente de los DDHH en toda su literalidad y extensión. Claro está que cualquier medida que suponga un ejercicio de soberanía para abordar los problemas de un país necesita, obviamente, tenerla de hecho y de derecho. ¿Repensamos la UE?
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