El pasado 8 de febrero el PSOE hizo público su programa de Gobierno a fin de establecer en torno a él los pactos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. Como viene siendo habitual en las fuerzas políticas españolas hay un silencio total en todo lo referente a abordar sin prejuicios y tabúes la situación del proyecto europeo y la viabilidad de aplicar las condiciones sobre déficit o la deuda.
El PSOE admite que los presupuestos para el presente año necesitan de un recorte en torno a los 9.000 millones de euros. Y propone dirigirse a la UE para que flexibilice plazos y cuantías en las obligaciones contraídas por España. Semejante punto de vista hecho anteriormente por Rajoy ya fue respondido negativamente por los altos dignatarios de Bruselas.
¿Qué hacer entonces?
En la página 17 del citado documento se reconoce que se podría aducir ante la troika una situación de emergencia social (pobreza, exclusión y desigualdad). Justamente una de las causas que, reconocidas por la mayoría absoluta del Congreso, pondría en marcha la aplicación del punto cuarto del reformado artículo 135 de la Constitución. Es decir, una reconsideración total o parcial de los plazos.
Sorprende que se aluda a los contenidos del citado punto cuarto, pero sin nombrar el artículo. Tal vez para que no se recuerde el pacto PSOE-PP para la reforma constitucional. Es más, cuando en la página 52 se desarrollan las posibles reformas de la Constitución no hay ni una sola alusión a la posible reconsideración de aquella barbaridad. En vez de ello, se redobla la "vocación europeísta" reforzando el compromiso con la "UE más social y decidida a la integración".
¿Dónde está esa UE? Parece ser que nadie, salvo los que apoyan el debate sobre el euro y la recuperación de soberanía política a la vista de los resultados de esta UE, es capaz de afrontar la cuestión de cara, y es insoslayable. Pero es tabú para fuerzas políticas y sindicales.
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