Analizar el entorno es clave a la hora de proyectar el modelo de negocio y el plan estratégico de cualquier empresa. Tanto que el éxito o el fracaso de cualquier compañía dependerá en gran medida de factores como la seguridad jurídica, la independencia judicial, la libertad económica, la 'flexiseguridad' laboral, el intervencionismo, etc. de los países en los que opere.
Un emprendedor debe intentar visionar globalmente y a largo plazo las relaciones entre su empresa y el entorno, para prever el desarrollo de las mismas, y así poder anticiparse a los acontecimientos. Recordemos que las relaciones de una empresa con su entorno también incluyen a los diferentes grupos de interés o stakeholders que interactúan con ella: accionistas, empleados, clientes, proveedores...
El principal grupo de interés
Y resulta que el principal grupo de interés son los gobiernos, ya que la estrategia de gestión que desarrollen los mismos influirá de manera notable en los resultados de negocio de las empresas.
Sobre todo en el caso de España, ya que las empresas que invierten en nuestro país tienen mermada su capacidad competitiva por el intervencionismo y la falta de unidad de mercado, derivados de las contradicciones legislativas de los 17 gobiernos autonómicos.
La inmensa mayoría de empresas no tienen capacidad de presionar a un Estado, y por tanto, se encuentran a mercer de las políticas del Gobierno de turno. Esta es la razón por la que las pymes y los autónomos se han convertido en los esclavos fiscales que mentienen viva a la parasitaria Administración.
Porque solo las multinacionales, protegidas por poderosos lobbies, además de determinadas compañías pertenecientes a sectores estratégicos, pueden influir en las decisiones de los ejecutivos.
El nefasto antecedente de Castilla-La Mancha
Pero el entorno económico político actual podría deteriorarse aún más, sobre todo para los intereses de las pymes y los autónomos, en el supuesto caso que España fuera finalmente desgobernada por una alianza de izquierdas, integrada por PSOE, Podemos y determinadas formaciones separatistas.
Ya existen antecedentes de esta alianza, por ejemplo en Castilla-La Mancha, CCAA en la que desde que malgobierna la coalición de perdedores PSOE-Podemos, ve como se fugan las inversiones y huyen las domiciliaciones fiscales, debido a la subida de impuestos y al excesivo intervencionismo del gobierno regional.
Más determinante aún es la experiencia de las empresas privadas en Venezuela, durante los años de mandato de Chávez y Maduro, basados en quiebras y salidas del país, sobre todo para aquellas no afines al régimen bolivariano. Los confiscatorios impuestos y las restrictivas leyes, contrarias a la libertad económica y a la propiedad privada, provocaron prácticamente la erradicación de las empresas no estatales en la República venezolana.
No olvidemos que Indra tuvo que abandonar Venezuela a finales de 2015, y no fue la única compañía que tuvo que seguir ese camino. Y todo por la prohibición de repatriar los beneficios y retornar las inversiones, y en general por las innumerables trabas que el Gobierno comunista pone a las empresas.
Terrorismo fiscal
No obstante, si la inestabilidad viene acompañada por una estrategia fiscal fundamentada en el "terrorismo impositivo", tal como llevaría a cabo Podemos, el efecto para los emprendedores es demoledor. Porque esta situación solo conduce a la mísera supervivencia a través de la economía sumergida o al concurso empresarial.
En definitiva, este es el entorno que les espera a las pymes y los autónomos si llegara a gobernar Podemos, por mediación de Pedro Sánchez en calidad de "presidente marioneta".
