La Constitución dejó a la Corona la función de proponer candidato a la investidura de presidente del Gobierno. Hasta la fecha no había sido un encargo oneroso. La matemática parlamentaria facilitó las decisiones al Monarca. Don Juan Carlos no tuvo grandes dificultades.
El caso más complicado fue la primera legislatura de José María Aznar que, al no haber sacado mayoría absoluta, tuvo que esperar a que se formalizase el acuerdo de CDC con el PP. Sin embargo, esta vez las sumas y restas son endiabladas. Pero el Rey no sólo no puede forzar a los candidatos, tampoco puede instigar las líneas de los acuerdos, que le tienen que venir dadas por los partidos.
La ronda de consultas es para constatar que existe un candidato que concita el número de escaños que le permita llevar a buen puerto la investidura o que, sin tenerlos, esté dispuesto a correr el riesgo ante la Cámara. Por eso, ante la negativa de Rajoy de presentarse, a Felipe VI no le queda otra cosa que volver a consultar a los partidos. No puede forzar nada.
A lo más, puede hacer recapacitar a los representantes parlamentarios que hablen con él. Y eso dentro de la máxima discreción, dado que los hay manifiestamente republicanos, y sobre algunos es difícil confiar el silencio.
Ese es el actual y complejo Encargo Real (con mayúscula). Los españoles lo han puesto complicado con sus votaciones, pero la democracia es así. Las votaciones han dicho que quieren gobiernos con el apoyo de más de un grupo parlamentario. El tipo de acuerdo se lo han dejado a los políticos. Por eso resultan patéticas las declaraciones de algunos dirigentes políticos arrogándose la interpretación.
El pueblo no ha dicho que quiere un Gobierno de izquierdas, ni una gran coalición, ni uno de centro. Ha dicho que quiere que los políticos trabajen y lleguen a un acuerdo lo más estable posible. Lo demás es "arrimar el agua al molino" de quien se arroga la capacidad de interpretación.
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