Vamos a la carrera, de debate en debate, escudriñando con detalle las sonrisas, los gestos o miradas. Nos llaman la atención también las meteduras de pata. Lógico. Algunas son sonadas. Como telón de fondo, las encuestas, marcando implacables el ritmo. La competición es tan apasionante, está tan abierta, que nos contentamos con observar los esfuerzos de los candidatos.
Y, al margen de las quinielas de los pactos postelectorales, o lo que es lo mismo, el reparto de poder puro y duro -lo de siempre-, poco más parece importar de lo que ocurra después del 20-D.
Unos lo obvian porque dan por hecho que las alianzas convertirán en papel mojado los programas, cuando lo razonable es que los llamados a entenderse tengan que poner sobre la mesa sus promesas para rubricar un acuerdo.
Para otros, lo de menos es la letra pequeña, lo importante es sólo el espectáculo. Y de eso hay más que de sobra. A los contendientes en liza se les llena la boca ofreciendo transparencia, justicia, regeneración democrática, riqueza o puestos de trabajo. Lo importante es sonar convincentes. Y la gran pregunta a la que nadie responde es: ¿cómo?
En uno de esos debates, uno de los candidatos apuntó un dato: hay en España diecisiete millones y medio de personas que viven de una renta pública. Una cifra ciertamente relevante si tenemos en cuenta que contamos con poco más de diecisiete millones de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social -es decir, que son los que pagan esas rentas, entre otras muchas cosas-. Y algunos de esos currantes, en concreto los funcionarios, cobran también del Estado.
En una empresa, en un hogar, una coyuntura de esas características haría saltar todas las alarmas. El modelo es insostenible. En un debate electoral, un dato como ese fue uno más. Pasó totalmente inadvertido. Y lo más buscado en Google: la altura de los candidatos.
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