En el año 1898, España estaba enormememente endeudada, sobre todo tras el periodo colonial financiado en parte con deuda pública, y que acabó con el desastre económico que supuso la guerra de Cuba. Sin embargo, Raimundo Fernández Villaverde, en calidad de ministro de Hacienda, equilibró los presupuestos durante los años posteriores.
Lo consiguió desarrollando una política fiscal basada en priorizar la reducción del gasto por encima del aumento de los ingresos. Ejecutó un plan de saneamiento diseñado en torno a tres ejes fundamentales: control radical del gasto, reordenación de la deuda y estabilización de la moneda.
A tal efecto, Fernández Villaverde frenó la costosa reconstrucción de la escuadra española, finiquitando el conflicto de Ultramar.
Sobrepeso de la Administración
Actualmente, la deuda pública sigue siendo uno de los principales hándicaps económicos de España. Y el sobrepeso de la Administración es la principal causa tanto del endeudamiento como del déficit público.
Pero lejos de intentar reducir el gasto, determinadas Comunidades Autónomas, por ejemplo, Castilla La Mancha, gobernada por el PSOE con el apoyo de Podemos, están financiando con dinero público, y casualmente antes de las elecciones generales, nuevos y millonarios 'Planes de Empleo' que solo conseguirán atrofiar más nuestra ineficiente Administración.
Algunos gobiernos autonómicos prefieren presentarse ante los ciudadanos como los actores principales de la creación de empleo, en vez de conceder tal liderazgo a sus verdaderos protagonistas: las pymes y los autónomos.
El coste de estos nuevos planes de empleo autonómicos está sufragado por los confiscatorios impuestos que pagan tanto las pymes como los autónomos -y, por supuesto, todos los ciudadanos-, que con una menor carga fiscal podrían convertirse en el motor de la generación de empleo.
Empleo improductivo y subvencionado
Y es cierto que dichos planes de empleo crearán miles de puestos de trabajo. Pero se trata de un empleo improductivo, subvencionado y temporal. En cuanto se acabe el dinero, se terminará también el empleo creado.
No hay que olvidar que, en realidad, estos planes de empleo son una fórmula de tejer redes clientelares. Además, son una prueba más del intervencionismo público que sufre la economía española, y que, contradictoriamente, imposibilida que en España baje la dramática tasa de paro.
Los principales culpables son los políticos populistas autonómicos, que siguen sin comprender que España necesita un cambio de enfoque en las políticas públicas regionales, para que su objetivo pase a ser reactivar la economía y potenciar el empleo, y no favorecer los intereses políticos de los gobiernos de turno.
Empleados públicos que deben ser despedidos
Cierto es que en algunas comunidades es necesario contratar más profesionales, por ejemplo en hospitales o centros sanitarios, para acabar con problemas como las listas de espera, cuya duración se prolonga cada vez más. Pero no es menos cierto que en multitud de empresas públicas deficitarias, organismos públicos inútiles y fundaciones inservibles pululan cientos de miles de empleados públicos, dotados del carnet del partido gobernante, que deberían ser despedidos.
Si los miles de millones de euros que algunas CCAA destinan a financiar estos planes de empleo se quedase en los bolsillos de las pymes y los autónomos, ¡cuánto empleo productivo podrían crear!
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