Sumarios cuya incoación dura años y parecen eternizarse. Fianzas millonarias y libertad vigilada para imputados de altísimo standing. Honorables y presuntos delincuentes de cuyas andanzas los Gobiernos lo sabían casi todo desde hace décadas y lo ocultaron hasta que fuera conveniente airearlo.
Utilización mafiosa de informaciones adquiridas en el ejercicio de la gobernabilidad. Tratos de favor desde el Estado a encausados, o en trámite de serlo, por fraudes y otros delitos contra Hacienda. Operaciones financieras con paraísos fiscales. Dossieres que circulan entre redacciones de medios de comunicación, tertulias políticas y mentideros con toda verosimilitud pero que nadie se atreve a editar.
Documentos e informaciones oficiales obtenidas por los servicios de seguridad que se obvian, traspapelan o "adolecen" de cualquier nimiedad que los inhabilitan como pruebas. Obras faraónicas que sirven para trinques, coimas, cazos y sobres. Concesiones de servicios que, tras su fracaso como negocio privado, son rescatadas a precio de oro por el erario público.
La costra del poder
El Poder, que es algo más que el Gobierno o el Estado, tiene mano larga, derecho de ocupación y licencia para el saqueo de su país. Todo ello va creando una costra, una capa encallecida en la conciencia y en la ética pública.
La España de la UE, la modernidad y el siglo XXI, sigue pariendo paroxísticas reproducciones de la picaresca del Siglo de Oro. Pero también reproducciones de un Estado enemigo de su propio pueblo, al cual somete a una doble vara de medir, según convenga: o connivencia con las pequeñas y cotidianas venalidades o mano dura para cualquier falta aunque ésta sea producto de la necesidad.
La cultura de la impunidad se ha hecho parte de la conciencia colectiva y se concreta en la resignación del así son las cosas o en la encanallada y cínica afirmación que en 1844 hizo el diputado Calderón Collantes: "Señorías, la pobreza es signo de estupidez".
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