Quienes hacen la agenda política han decidido poner en candelero una cuestión larvada desde hace tiempo: la reforma constitucional. Yo, radicalmente republicano, he mantenido desde mis responsabilidades políticas que el actual texto constitucional sirve perfectamente para políticas de corte social avanzado a condición de que haya un Gobierno proclive a ello y un Tribunal Constitucional totalmente identificado con todos los DDHH.
Creo que las reformas previstas se centrarán en unos primeros cambios de mayor simpleza y facilidad: acabar con el machismo explícito en la sucesión a la Corona, la transformación del actual Senado en Cámara Territorial y alguna que otra más. ¿Se atreverán a eliminar el vergonzoso artículo 8, copia casi literal del 39 de la Ley Orgánica del Estado de Franco?
Las reformas de calado se centrarían en profundas modificaciones de extraordinaria entidad y trascendencia agrupadas en dos conjuntos. El primero sería consecuencia de la tutela y presión que los poderes fácticos ejercieron sobre la ponencia redactora del borrador del texto, y el segundo consistiría en "adecuar" la actual Constitución a la realidad del proceso mal llamado de "construcción europea". Así pues, se pondría fin al café para todos de Adolfo Suárez y surgirían bajo el nombre de "naciones" las que de manera eufemística son denominadas actualmente "nacionalidades".
Maastricht fue la reforma constitucional de "facto" en las políticas económicas y sociales. Se trataría ahora de hacerlas de "iure" antes de que a eventuales e inesperados gobiernos le diera por aplicar en tales materias la Constitución. En consecuencia podarán total o parcialmente los Títulos I y VII e introducirán como mandato constitucional la fijación del déficit. Y se dedican entre bastidores a establecer consensos para estas "cuestiones de Estado". Piensan en la Transición y buscan quiénes pueden hacer el papel de Santiago Carrillo.
