"A las ocho de la mañana me llamó el presidente Tarradellas, felicitándome por no haber cedido (...) Y a las nueve me llama el jefe de gabinete del presidente para trasmitirme el mensaje de que debía ceder". Así describe en sus memorias Otero Novas, el ministro de Educación de Suárez, el desenlace de su primera batalla perdida frente a los nacionalistas catalanes.
Exigían más profesores en Barcelona, él entendía que eran más necesarios en otras provincias y, con respaldo del consejo de ministros, se plantó... hasta que, al final, se vio obligado a dar su brazo a torcer. Fue la primera vez, en un asunto relativamente intrascendente si se mira desde la distancia. Hubo más. Y con más graves consecuencias, como la dejación de funciones de la Alta Inspección del Estado en los colegios.
Quizá pensaron que, en la medida en que CiU fue ponente del pacto constitucional, serían leales a la Carta Magna. Tal vez era sólo que necesitaban sus votos en el Parlamento para cuajar mayorías más o menos estables que permitieran la gobernabilidad del país. O, en el peor de los casos, ha sido un complejo de inferioridad, tanto en Cataluña como en el País Vasco, el que les ha impedido disputar su hegemonía en sus territorios, pero lo cierto es que los dos grandes partidos que a lo largo de la democracia se han sucedido al frente del Gobierno de España no sólo han dado un paso atrás a la hora de defender el interés nacional frente al envite nacionalista, sino que han mirado hacia otro lado ante las tropelías de Pujol y los suyos. La anécdota de la denuncia de la comisión del 3% que Maragall hizo ante Mas, para retractarse inmediatamente después, es paradigmática.
Todos parecían saber lo que estaba ocurriendo, pero nadie lo denunció a la Fiscalía. Lo más grave no es que en Cataluña no rija la ley, lo peor es que todos lo saben y hacen la vista gorda.
