La Constitución, como toda obra humana, es perfectible. Se debe adaptar a circunstancias que cambian con el tiempo. Por eso, no es raro que hasta el PP insinúe la necesidad de retocar aspectos inconclusos de su redacción. Hay temas en los que el consenso está claro.
Suprimir la prelación del barón en la sucesión de la corona, procedente de la Ley Sálica, sería un asunto pacífico. Pero hay otros más peliagudos, entre ellos: la ordenación territorial del Estado y su sistema de financiación, el marco educativo, ciertos derechos humanos como la defensa del nasciturus, y la ley electoral. Éstos exigirían un esfuerzo de concertación mayor que el de la Transición. Ha sido la sensación de abrir una Caja de Pandora con resultados inciertos lo que ha hecho de la prudencia el criterio básico para ir aplazando esa Reforma.
Por una parte el, hasta ahora dominio del bipartidismo, hacía previsible una discusión ordenada. Un acuerdo PP/PSOE suponía el 80% del Congreso a favor y daba legitimidad a cualquier propuesta conjunta, aunque luego debiera refrendarse. Pero unas Cortes Generales más divididas, como se espera en la próxima legislatura, complican el proceso. En todo caso siempre será necesario el acuerdo de las minorías, o al menos su níhil óbstat, si se quiere una norma estable.
Por eso, lo razonable antes de abrir el melón es comprobar si hay un ambiente adecuado para llegar a acuerdos. Una reforma constitucional debe tener mayorías parlamentarias cualificadas, incluso por encima de las que requiere el propio texto constitucional. Además, las Cortes Generales deberían ser elegidas específicamente para esa Reforma, vital para la convivencia futura. Una vez realizada la reforma, disolverlas y convocar elecciones para una legislatura normal, probablemente con una nueva ley electoral ¿Están las condiciones políticas adecuadas a ese proceso? ¿Puede convocarse Cortes Constituyentes? ¿Es prudente?
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