Nos acercamos al final de la legislatura y con él, lógicamente, a la convocatoria de las elecciones generales, donde muchas opiniones las sitúan para el mes de noviembre. Tras los resultados en las autonómicas y locales, el gobierno parece basar su estrategia, de cara a las generales, en demostrar la bondad de la gestión económica llevada a cabo.
Nos hablarán del saneamiento de nuestro sistema crediticio, aún cuando todavía se lleven a cabo fusiones por la caída de los márgenes de algunas entidades pequeñas. Esgrimirán el crecimiento y vigor que actualmente muestra la economía, a pesar de que el departamento de estudios de Banco de España nos alertan de que el ritmo de crecimiento tenderá a ser más bajo. Además se debe tener en cuenta que durante este medio año transcurrido de 2015 el crecimiento se ha visto espoleado por el gasto público así como la creación de puestos de trabajo. Aún así, el empleo creado tiene un componente de precariedad muy elevado, debido a la alta contratación temporal y a la remuneración muy baja. Del mismo modo, el Ejecutivo se olvidará de contarnos el elevado aumento de la ratio de deuda sobre el PIB, porque durante su gestión y a pesar de las innumerables subidas de impuestos, no se ha atajado el problema de déficit que este país tiene y que nos ha llevado a registrar unos números que nos ponen a la cabeza del área euro en este desequilibrio.
Pero además de todo lo expuesto anteriormente, el Gobierno parece preparar toda una baterías de medidas para que a algún votante le haga decantarse por el partido de Rajoy. Alguno lo llaman meter dinero en los bolsillos de grandes colectivos. Así estos días a través de la prensa asistimos a anuncios y desmentidos en temas como: subida de pensiones, situación de los funcionarios, rebaja de impuestos o medidas para autónomos. Se trataría, según la idea del presidente, de ir devolviendo a los ciudadanos parte de los sacrificios realizado durante su mandato. El problema de estas medidas es que pueden, no digo que tengan, un corte electoralista y que dada la situación de nuestra economía, la cual insisto tiene un déficit público muy elevado y que debe ser recortado, podría complicar aún más el panorama económico.
Un buen ejemplo lo tenemos en las pensiones. El gobernador del Banco de España ha sido meridianamente claro en ello, las pensiones a futuro pueden verse recortadas. En materia de pensiones estamos viendo como aumenta el volumen de las mismas (aproximadamente el 3 por ciento), pero se mantiene el ritmo de las aportaciones (alrededor del 1 por ciento); también como, desde hace ya tiempo, para pagar los importes de las extras, se tira de las diferentes huchas acumuladas durante los años de bonanza. Además la reciente reforma realizada por Rajoy ponía el acento en que no se pueden subir las pensiones si los ingresos no son superiores a los gastos. Esperemos que en las decisiones tomadas sobre pensiones impere una visión de largo plazo y no una electoralista que venga a complicar aún más la delicada situación de las arcas pública. Las pensiones, desgraciadamente, no deberían subir más del 0,25 por ciento, tal y como la Autoridad Fiscal ha recomendado, para no incumplir los objetivos de déficit marcados.
Del mismo modo, hemos conocido la posible intención de devolver la paga extra a los funcionarios. Rápidamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo que salir al quite para aclarar que la medida estaba pendiente de análisis. Las palabras del ministro son a todas luces lógicas puesto que los primeros cálculos apuntan a cifras que solo para los funcionarios centrales suponen unos 700 millones de euros. Ahora bien, esta cifra podría verse incrementada en más de 3.000 millones si añadimos la recuperación también de las pagas de funcionarios autónomos y de ayuntamientos. Son cantidades importantes y aunque actualmente la recaudación está creciendo, la dificultad para bajar el gasto público al no haberlo abordado anteriormente un reforma de la Administración, complica la posibilidad de restituir a los funcionarios lo que se les retiró en su momento. Debe tenerse en cuenta además que el gobierno aprobará la segunda parte de la reforma del IRPF que como sabemos rebajará levemente los gravámenes.
Por tanto, parece evidente que el gobierno quiere que la recuperación se note en los bolsillos de los españoles. Como alguna vez he manifestado en este periódico se debía haber tenido en cuenta que una cosa son los números macroeconómicos y otra que el ciudadano de a pie lo note. La mejoría tarda en llegar a los ciudadanos, especialmente, cuando la crisis ha sido tan larga y profunda como ésta. Parece que ahora entran las prisas, como a los estudiantes cuando llegan los exámenes. Bueno hubiera sido mejor si previamente se hubiera puesto más énfasis en cortar el enorme gasto público que tenemos, en vez de salir corriendo a subir impuestos, la parte más fácil y que menos imaginación demanda. El gobierno ha dado barras libres de liquidez a autonomías que han incumplido el déficit público, regala la financiación pues no cobra intereses a aquellas autonomías que no han aportado una reestructuración conveniente del gasto. Tenemos en comunidades y ayuntamientos ahora regidores alegres con el déficit público que habrá que vigilar estrechamente. Cuidado con las alegrías, que la ratio de deuda pública está muy próxima al 100 por cien del PIB.
